A través de un documento presentado este viernes, se pide a la Justicia que investigue al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Policía porteña y al secretario de Seguridad en uso de licencia Marcelo D'Alessandro, por el atentado que sufriera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El escrito fue presentado por el letrado José Manuel Ubeira, abogado de la querella particular, y en el mismo se reclama por "la falta de investigación de lo hecho (y no hecho) por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", en la causa judicial que se lleva adelante por el intento de magnicidio.

"Más allá del atentado también es una forma de violencia la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos", señala el documento firmado por el letrado que representa a la expresidenta, particular damnificada.

En ese sentido, Ubeira advierte que "esto parece haber sido lo que sucedió con la jueza Capuchetti que investigó a la custodia presidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía el control territorial de la seguridad en el domicilio donde ocurrieron los hechos y sus inmediaciones, justamente los días previos al atentado", continúa el escrito.

“Lo sucedido el pasado 1 de septiembre fue la consecuencia de una serie de violencias previas que habilitaron y convalidaron el escenario que dio lugar a una tentativa de magnicidio a una mujer en su cargo de Vicepresidenta en un sistema democrático”, afirmaron los abogados en la presentación judicial.

“Más allá del atentado, también es una forma de violencia política la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos. Esto parece haber sido lo que sucedió con la jueza Capuchetti que investigó a la custodia vicepresidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la Policía de la Ciudad Buenos Aires”, sostuvieron los abogados Aldazabal y Ubeira.

“Este hecho es inexplicable en términos jurídicos, dado que la Policía de la Ciudad era la fuerza con jurisdicción sobre el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado y la que, a primera vista, en más irregularidades incurrió”, señalaron.

En ese contexto, recordaron: “Durante esas jornadas, con el barrio - y, particularmente, la esquina de Uruguay y Juncal - pomposo y sorpresivamente saturado de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no solo ocurrieron hechos violentos nunca antes registrados, sino que, como se supo luego, ya se encontraban los autores materiales intentando concretar el acto homicida”.

Al enumerar distintos hechos de violencia ocurridos antes del ataque perpetrado el 1 de septiembre, los abogados de la querella relataron que el 28 de julio de 2022, en el marco de una investigación por amenazas contra la Vicepresidenta de la Nación, el fiscal nacional Gómez Barbella le advirtió a D’Alessandro que podrían producirse hechos violentos en el Instituto Patria, por lo que solicitó reforzar la seguridad del lugar.

“Por lo que sabemos, Marcelo D’Alessandro ni contestó el oficio enviado por el fiscal, ni reforzó la seguridad del lugar. Solo se conoce, por imágenes públicas, la simpatía y los saludos intercambiados entre efectivos de la policía de la Ciudad y los atacantes”, sostuvieron.

Los abogados también se refirieron al ataque con piedras contra el Congreso de la Nación en marzo pasado, oportunidad en la que resultó dañado el despacho de la vicepresidenta, y aseguraron que “extrañamente, la policía de D’Alessandro no detuvo a una sola persona”.