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La Justicia revocó la acusación por asociación ilícita contra Iván Tobar

La Cámara Federal de La Plata confirmó su prisión preventiva por instigar la difusión de un video intimidatorio contra jueces que investigaban a su rival gremial.

La Justicia revocó la acusación por asociación ilícita contra Iván Tobar

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata modificó el rumbo judicial de Ivan Tobar en la causa que investiga la producción de un video intimidatorio dirigido a funcionarios judiciales. En su resolución, revocó los procesamientos por asociación ilícita que pesaban sobre él y otros acusados, aunque le ratificaron la prisión preventiva, al considerar que hay pruebas suficientes para mantener la imputación por instigación.

En el material audiovisual, que fue difundido entre el 25 y 26 de agosto de 2021, se ve a un grupo de personas con los rostros cubiertos y portando armas, pronunciando amenazas contra el juez Alejandro Esmoris y el fiscal Marcelo Molina, encargados en ese momento del expediente por corrupción contra Juan Pablo “Pata” Medina y parte de su familia.

En una instancia anterior, el juez federal Ernesto Kreplak había atribuido a Tobar un rol clave dentro de una supuesta organización criminal, y lo había procesado por amenazas agravadas y por asociación ilícita. Sin embargo, La Cámara, según informó Infobae, consideró que esa figura penal no se sostenía con el material disponible. Además, consideraron que “existen elementos que permiten sostener como probable que Tobar participó en la instigación”, pero que no son suficientes, lo que le permitiría el beneficio del arresto domiciliario.

Uno de los principales elementos es la declaración de Alzogaray, ex integrante del espacio de Tobar, quien aseguró haber participado en la grabación por indicación suya, pero los abogados del dirigente de la UOCRA plantearon que "es el único elemento que lo vincula a la causa, y es un testimonio que llega tarde y sin sustento objetivo”.

Además, la defensa de Tobar sostiene que no hay elementos que prueben que Esmoris o Molina hayan tomado conocimiento del contenido del video, lo cual debilitaría el argumento de que existió un intento real de intimidarlos. Con esta decisión, se dejaría de investigar la posible existencia de una organización criminal y concentrarán el expediente en el análisis del video intimidatorio.