La Libertad Avanza avanzará este miércoles en el Senado con un dictamen sobre el proyecto del Súper RIGI, luego de aceptar dos modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. Los cambios apuntan a reforzar la protección de las empresas nacionales y establecer condiciones específicas para el abastecimiento energético de las grandes industrias electrointensivas, entre ellas los megacentros de datos vinculados con la inteligencia artificial.

La intención del oficialismo es llevar la iniciativa al recinto en una sesión prevista para el 10 de septiembre, junto con otros proyectos impulsados por los bloques aliados. Sin embargo, las modificaciones implicarán que el proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, deba regresar a ese cuerpo para una nueva revisión.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó avanzar con los cambios pese a que desde el Gobierno habían expresado reparos sobre algunas de las condiciones negociadas con la oposición dialoguista y los representantes de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El dictamen será discutido desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente.

Protección para la industria nacional

Uno de los principales cambios estará relacionado con la obligación de los grandes proyectos de inversión de contratar proveedores locales.

El texto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deben contemplar la contratación de proveedores locales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% del total destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.

Los bloques aliados buscan precisar que esa protección alcance exclusivamente a bienes efectivamente producidos en la Argentina, para evitar que productos importados sean considerados dentro del porcentaje destinado a proveedores locales.

El reclamo también fue planteado por representantes de la Unión Industrial Argentina. Durante una reunión parlamentaria, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se aplique específicamente a bienes producidos en el país.

“Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.

La discusión expone uno de los principales desafíos políticos del Súper RIGI: cómo combinar la llegada de grandes inversiones con mecanismos que permitan que parte de ese movimiento de capitales genere actividad y demanda para la industria nacional.

La disputa por la energía

El segundo punto de negociación está relacionado con los llamados inversores electrodependientes, especialmente los grandes centros de datos que demanden enormes cantidades de energía para sostener infraestructura vinculada con inteligencia artificial.

Los bloques provinciales pretenden que esos proyectos cuenten con sistemas propios de generación eléctrica, con el objetivo de evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes y pueda afectar el abastecimiento de los usuarios residenciales.

El planteo genera resistencia dentro del Gobierno, que considera que imponer nuevas obligaciones a los inversores podría reducir el atractivo del régimen y desalentar la llegada de proyectos tecnológicos de gran escala.

La discusión cobra especial relevancia porque los megacentros de datos, las industrias vinculadas con la inteligencia artificial y los proyectos de minerales críticos se encuentran entre las inversiones estratégicas que el Gobierno busca captar mediante el Súper RIGI.

Para las provincias, en tanto, el problema pasa por determinar quién deberá afrontar el costo de ampliar y sostener la infraestructura energética necesaria para abastecer a esas nuevas industrias.

Qué beneficios contempla el Súper RIGI

El proyecto crea un régimen especial de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios destinado a atraer grandes inversiones.

Entre los principales beneficios previstos se encuentran:

* Impuesto a las Ganancias del 15%, junto con un esquema de amortización acelerada de las inversiones.
* Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
* Deducción de quebrantos sin límite temporal y reducción progresiva de la carga sobre dividendos.
* Exención de derechos de importación y eliminación de derechos de exportación.
* Eliminación de determinadas restricciones y cupos para operar.
* Acceso progresivo a las divisas generadas por las exportaciones, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de adhesión.

El Gobierno considera al régimen una herramienta central para atraer capitales de gran escala, particularmente en sectores estratégicos. Sin embargo, las negociaciones en el Senado obligaron al oficialismo a flexibilizar su posición inicial para garantizar el respaldo de los bloques aliados.

Con las modificaciones que se incorporarán al dictamen, el Súper RIGI deberá regresar a la Cámara de Diputados si finalmente es aprobado por el Senado. Allí los legisladores deberán decidir si aceptan los cambios introducidos por la Cámara alta o si insisten con el texto original.