El proceso en Comisión del juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno nacional podría demorar entre dos y tres meses, estimó hoy la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard.

"Vamos a tratar de darle celeridad, pero de producir la mayor cantidad de prueba posible porque acá se trata de que hay una sospecha de una situación irregular o de un actuar contrario a la Constitución. Por eso se configuraría el mal desempeño y eso hay que probarlo. No hay un tiempo establecido en el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político de Diputados producir la prueba, pero estimamos que serán dos o tres meses", informó este jueves la titular de la Comisión.

Durante este período, el Congreso podría quedar paralizado. Esto por la posición que adoptó Juntos por el Cambio ante el proceso que impulsa el oficialismo. A través de un comunicado, la Mesa Nacional de la coalición opositora ratificó que no prestará quórum ni dará viabilidad a ningún proyecto que impulse la bancada oficialista. "No hay diálogo posible, desconocen la democracia", sentenció el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En sus declaraciones a Futuröck, la legisladora explicó las "irregularidades" que motivaron el pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

"No es un juicio penal, es un juicio político -aclaró-. Tiene razones políticas que tienen que ver con el mal desempeño en este caso, que es lo que se aduce a partir del fallo arbitrario de coparticipación, a partir de la intromisión del Poder Judicial respecto del Consejo de la Magistratura".

Gaillard explicó que no discuten el contenido de las sentencias -como la que restituyó fondos a la Ciudad de Buenos Aires o declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura-, sino que su planteo pasa porque esas resoluciones serían "violatoria de la Constitución y contrarias a derecho". También señaló que hay presentaciones de la Coalición Cívica contra Lorenzetti, y otras medidas de la Corte que justifican la iniciativa del Frente de Todos.

"Queremos llevar adelante un procedimiento serio, transparente y apegado a la Constitución y al reglamento de la Cámara y de la Comisión", afirmó. Y celebró que la oposición participe del debate, a la vez que resaltó que "esto no es contra la Corte, sino para defender a la Corte y a las instituciones".

"Si después de producida la prueba, no tenemos la contundencia necesaria, también está la posibilidad de que no proceda la acusación", aclaró.

No obstante, dijo que en el oficialismo están "convencidos" de la gravedad institucional de la situación, a partir de los presuntos chats entre el vocero del titular de la Corte y el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro.

Informó, en tanto, las medidas de prueba que pueden solicitarse, como llamar como testigos a los jueces -en general, no los de la Corte-, aunque los ministros del máximo tribunal podrían ser citados una vez producida toda la prueba.

"Vamos a respetar a rajatabla la defensa en juicio y el debido proceso. Y si bien este es un proceso acusatorio, nosotros vamos a respetar todas las garantías. Estará en ellos asistir o no a la Cámara", aseguró.