Un jurado popular dará a conocer hoy el veredicto del juicio contra 13 policías por el crimen de Blas Correas, el joven 17 años asesinado en agosto de 2020 durante un control vehicular, cuando circulaba con cuatro amigos por la ciudad de Córdoba.

La última audiencia comenzó este mañana en la sede de los Tribunales de la capital provincial, donde los 13 agentes que llegaron a juicio tendrán el derecho de ejercer sus últimas palabras. Luego, el Tribunal de la Cámara 8va. del Crimen informará al jurado popular los lineamientos para que pasen a deliberar y den a conocer el veredicto.

"Hace dos años y casi ocho meses que le vengo pidiendo a Dios por ustedes para que les dé la fuerza necesaria", dijo el policía Lucas Gómez. "Quiero realmente pedir perdón por lo sucedido. No fue mi intención quitarle la vida a nadie, eso mi Dios lo sabe", agregó.

"No soy un asesino, no maté a nadie", declaró, por su parte, el cabo primero Javier Catriel Alarcón, intentando despegarse del hecho.

Tras 36 audiencias en las que declararon medio centenar de testigos, los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra solicitaron que se condene a todos los policías imputados, pedidos a los que adhirieron las partes querellantes.

"No tengo dudas que los 13 son culpables", manifestó a Télam Soledad Laciar, madre de Blas, y añadió que también espera con mucha expectativa las últimas palabras de los acusados: "Espero que no se les ocurra pedir disculpas. Lo que necesito es que digan la verdad, eso que ayudaría a salir un poquito más liviana de este juicio".

"Ya los abandonó el Gobierno (provincial), los abandonó la policía, todos los abandonaron. Sus familias no lo van a abandonar si son honestos, si dicen la verdad de lo que pasó", insistió. Y reclamó al tribunal y al jurado popular que "dicte sentencia justa, para que nunca más haya víctimas de la violencia institucional".

Anticipó, en tanto, que su lucha no termina con el veredicto que se dé a conocer este vienres, ya que avanzará con el pedido de un segundo juicio para los "responsables políticos". "Es necesario esclarecer todo para que la gente vuelva a confiar, vuelva a creer en la policía, que debe cuidarnos y no matarnos", sostuvo.

El caso

La investigación reconstruyó que la madrugada del 6 de agosto del 2020, el joven Juan Cruz Camerano Echeverría (20) conducía un Fiat Argo color blanco en el que viajaban cuatro amigos: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, menores de edad al momento del hecho.

Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.

El expediente detalla que el cabo primero Lucas Gómez (37), "con intención de matarlos", efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos "a sabiendas que no había justificación legal para ello".

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.

Los demás no sufrieron heridas, pero una de las balas traspasó el apoyacabeza y la capucha de Bocco Camerano, a milímetros de su cabeza.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías donde luego ocurrió la balacera.

Blas Correas murió cuando el automóvil fue interceptado y demorado en la intersección de Chacabuco y Corrientes.

Los fiscales y las querellas, en sus alegatos, solicitaron "prisión perpetua" para Gómez y Alarcón, al considerarlos "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego".

También por los delitos de "homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos-, en concurso ideal, y todos ellos en concurso real".

Además, los fiscales pidieron seis años de prisión por "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho y omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal", para el subcomisario Sergio González (44), el comisario Juan Antonio Gatica (46), y los comisarios inspector Jorge Galleguillo (46) y Walter Soria (45).

La oficial ayudante Yamila Martínez (25) y el subcomisario Enzo Quiroga (36) enfrentan pedidos de condena de cinco años y nueve meses.

El cabo Ezequiel Vélez (25) tiene pedido de condena de cinco años y cuatro meses; para el agente Rodrigo Toloza (29), el cabo Leonardo Martínez (20); el oficial ayudante Ezequiel Vélez (24) y la agente Wanda Esquivel (34) es de cinco años.

En el caso de Esquivel, la mamá de la víctima pidió al tribunal y al jurado popular "atenuar la pena si colabora con la investigación", como lo hizo durante la instrucción de la causa en aportar datos para el esclarecimiento de los hechos.

Los fiscales también habían solicitado que algunos de estos acusados sean investigados por otros hechos, además de extender la investigación al ex ministro de Seguridad al momento de hecho, Alfonso Mosquera y otros funcionarios de esa cartera y de la institución policial.