Luego de los fuertes cruces a cierre del año pasado, la disputa entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la inversión de Coparticipación escaló hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se llevó a cabo la primera audiencia en la que se dispuso una fecha límite para un acuerdo.

En este sentido, Horacio Rodríguez Larreta se presentó en caracter de defensor de los derechso recibidos en el año 2016 y apuntó, no solo al golpe a la economía porteña, sino también a la dependencia del estado y el modelo de país que pretende el Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza.

En este sentido, adelantó que está dispuesto a una negociación pero destacó que buscará defender los intereses de la Ciudad de Buenos Aires. Así, en conferencia de prensa, fue contundente en su explicación con fuertes criticas al estado nacional y las formas en las que se llevó a cabo dicho encuentro en la Justicia.

"Participamos de una audiencia de conciliación con el Gobierno nacional por la demanda que presentamos en respuesta a la quita arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional de recursos", inició y destacó que los fondos son los "necesarios para sostener a la Policía, la infraestructura y la inversión en tecnología".

"Asistimos a la audiencia convocada por la CSJ y presentamos ante los jueces todos los argumentos que respaldan nuestro reclamo. La quita es inconstitucional porque viola el requisito expreso que dice que el traspaso de una competencia de la Nación a otro distrito debe ir acompañada de los fondos necesarios", agregó.

"El Gobierno avanzó en esta quita sin dialogar, de un día para el otro y para resolver una crisis en otra provincia. La Ciudad dejó de recibir 15.500 millones en 2020, 83.000 millones en 2021 y para 2022 están calculados 120.000 millones de reducción. Es necesario que todos los gobernadores defendamos nuestros distritos de intentos discrecionales", apuntó Larreta.

En este sentido, apunto que la disputa avanza hacia el modelo y que esta "discutiendo el respeto a nuestra Constitución y a la forma federal de gobierno". "Estamos discutiendo si las provincias son autónomas o si están sujetas a la voluntad del Gobierno nacional. En el fondo, estamos discutiendo qué país queremos ser".

"Confiamos plenamente en el trabajo de la Corte Suprema, que es quien asegura que la división de poderes en nuestra república siga vigente y con efectos plenos. La Corte dispuso 30 días para que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno nacional. Como hice siempre, voy a estar dispuesto a sentarme a la mesa para llegar a un acuerdo, apostando a la buena fe de todas las partes", cerró el mandatario.