Tras el relevamiento de la AFIP respecto de los beneficiarios de los programas sociales Potenciar Trabajo, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, rechazó hoy “la estigmatización de los sectores más vulnerables de la Argentina” luego de la denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan en la cual pide que se suspendan planes sociales a beneficiarios que no cumplieron con normas que los regulan.

“Las competencias están claras, y el Presidente ha delegado en la ministra el diseño e implementación de las políticas sociales y sería inédito que un fiscal pudiera diseñar o definir una política social”, afirmó Tolosa Paz.

Al mismo tiempo, la funcionaria indicó que el plan Potenciar Trabajo “está en plena vigencia” y agregó: “Vamos a darle cumplimiento a las normas de transparencia que tiene que tener este programa, porque son recursos públicos”. Sin embargo, la funcionaria aclaró que “estamos lejos de buscar la estigmatización de los sectores más vulnerables de la Argentina”.

La aclaración de la ministra surge luego de que ayer el fiscal Marijuan pidiera que se cumpla con la suspensión de planes sociales a los beneficiarios que compraron dólares en entidades bancarias, al presentar una denuncia penal derivada de un informe de la AFIP sobre presuntas irregularidades. 

Al dar por terminada una investigación preliminar iniciada en su fiscalía, Marijuan reclamó que "se cumpla con la suspensión de los planes sociales detectados en tal infracción a la normativa vigente por la AFIP".

En la denuncia, pidió además que se cite a prestar declaración como testigos a "los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y asimismo a los funcionarios de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe que se alude en esta denuncia".

A su vez, solicitó que "se recabe de la AFIP el informe reservado original y completo, que fuera encomendado por el Ministerio de Desarrollo Social y que diera cuenta de las irregularidades mencionadas en la presente". Dentro de la denuncia el fiscal evaluó que podría haberse inclurrido a un delito de "defraudación a la administración pública".