Las empresas distribuidoras y transportistas de gas pidieron actualizaciones de sus ingresos desde febrero de al menos el 350% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cifras mayores en el interior del país. 

Los informes elaborados por las empresas Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS fueron presentados ante el Enargas y serán parte de la audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero, donde se determinará el proceso de aumento en las boletas.

Tras el congelamiento de los últimos meses y en base a que el último aumento se realizó a principios del año, las empresas realizaron sus estimaciones teniendo en cuenta el valor del gas, el transporte a los centros de consumo, la distribución entre los hogares y los impuestos, y plantearon cuál es el panorama para cada una.

Para Metrogas, empresa que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aumento debería ser superior al 375%. 

Naturgy, que distribuye en la Provincia de Buenos Aires, solicitó a Enargas un incremento del 437%. La empresa aseguró que se necesitará un mecanismo automático de actualización que identificaron en el IPIM, es decir el índice de inflación mayorista que publica mensualmente el Indec. 

“Resulta necesario que la Autoridad Regulatoria defina un mecanismo que permita mantener la tarifa que se otorgue en términos reales para que acompañe el crecimiento de los costos mensualmente en esta coyuntura de alta inflación”, argumentaron desde Naturgy.

Por su parte, Camuzzi Gas Pampeana pidió un 421% de aumento en la tarifa de distribución; Camuzzi Gas del Sur, un 543%; Gasnor aseguró que sus tarifas de distribución están atrasadas para los usuarios residenciales entre 438% y 704%; Ecogas (Córdoba, La Rioja, Catamarca) estimó un promedio de 126% de impacto en las tarifas; Redengas (Entre Ríos), solicitó desde marzo un incremento promedio de 481%; Transportadora Gas del Sur (TGS) calculó que hace falta una recomposición mayor, de 567%; y TGN lo hizo en 573%.

Con todo, los informes de las empresas no son demandas obligatorias ante la decisión final de la suba de tarifas, que dependerá de la Secretaría de Energía. 

“Las opiniones no obligan al Enargas a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de la Audiencia. Tal como expuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien constituyen un ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones no constituyen la propia decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”, explica un documento de esa entidad.

Pese a esto, el Enargas está obligado a fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles han sido desestimados.