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Tal como lo había anticipado el Gobierno, se oficializó este lunes la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que se encarga de regular los servicios de comunicación en el país y que pasó a estar ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, conducida por Nicolás Posse.
"Se establece que el ENACOM actuará como Autoridad de Aplicación de las Leyes N°26.522 y N°27.078 y sus normas modificatorias y reglamentarias, con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado", se detalla en el decreto 89/2024 publicado en el Boletín Oficial.
El interventor del organismo será el consultor y ex empleado de Movistar Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldan, con 30 años de carrera en organismos estatales, y Alejandro Pereyra, ex director de ENACOM en la gestión del presidente Mauricio Macri.
"El Interventor y los Interventores Adjuntos tendrán, en forma conjunta, las facultades establecidas para la Autoridad de Aplicación de las Leyes N°26.522 y N°27.078 y sus respectivas modificatorias, especialmente las que se le asignaran al directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) y, en particular, las establecidas en el presente decreto", señala la publicación oficial firmada por el titular de la Jefatura de Gabinete.
De acuerdo con la información que trascendió el viernes, se trata de una "etapa transitoria pero necesaria", con el objetivo de realizar un "reordenamiento" del organismo.
En concreto, se realizará una auditoría de la gestión durante el gobierno de Macri y se revisarán las acciones realizadas durante la administración de Alberto Fernández.
Desde el área que conduce Posse explicaron que el proceso durará 180 días, aunque dicho plazo podría ser menor "si se concluyen las tareas previstas" con mayor rapidez, las cuales incluyen un relevamiento profundo y exhaustivo de las normas emitidas por el organismo en los últimos cuatro años y su estructura operativa.
Según precisaron, se hará foco en el decreto 690/2020, el cual declaró a las telecomunicaciones como servicio esencial, aunque también se abarcarán algunos años más hacia atrás, ya que el organismo necesita, a su parecer, "modernizarse" y "reestructurarse" para "fomentar ágilmente el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en el país".
La intervención también abarcará una auditoría sobre el destino de los fondos públicos para la promoción y fomento de la actividad "en la búsqueda de un uso racional y transparente".
Al tratarse de un servicio esencial, los licenciatarios de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deben fijar sus precios, aunque estos deben ser "justos y razonables", para "cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
Lo hicieron la canciller Diana Mondino y el secretario de Estado, Antony Blinken, en Washington. Hubo elogios cruzados.
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