A partir de la irrupción de las fuerzas estatales ecuatorianas en la embajada de México en Quito, y la posterior ruptura de las relaciones internacionales, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo del uruguayo Luis Almagro, pidió a ambos países que retomen el diálogo.

Por medio de un comunicado de prensa, el organismo expresó su rechazo a "cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo" la inviolabilidad del tratado internacional y las misiones diplomáticas, y puntualizó en la "obligación" de todos los estados de no invocar normas del derecho nacional que se pongan en contraposición con sus obligaciones internacionales.

Asimismo, la Secretaría de la OEA manifestó su solidaridad con quienes fueron "víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la embajada de México en Ecuador". En esa línea, Almagro llamó a México y a Ecuador a que "retomen el diálogo para resolver sus diferencias", y anticipó que pedirá una reunión del Consejo Permanente para tratar la tensa relación entre los dos países.

La justificación del gobierno ecuatoriano

Luego de la entrada a la fuerza de los policías, la Cancillería argentina se sumó al repudio realizado por distintos líderes internacionales, pese a la afirmación del presidente ecuatoriano Daniel Noboa sobre que la diplomacia mexicana "ha abusado de las inmunidades y privilegios" por conceder asilo al ex vicepresidente. El presidente sostuvo además que sobre Jorge Glas pesa una "sentencia ejecutoriada", y expresó que "contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes".

Tras la repercusión internacional de la situación, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, argumentó que existía un "riesgo real de fuga inminente" de Glas que obligó a las fuerzas estatales a actuar de tal manera. "La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, en ejercicio de nuestra soberanía", indicó en conferencia de prensa, y luego aseguró que el gobierno ecuatoriano cumplió con su deber con la justicia.

"El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glas, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político, cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura, emitidad por las autoridades judiciales", completó Sommerfeld.