El Gobierno Nacional declaró la emergencia del sector energético y dispuso la intervención de los entes reguladores de electricidad (ENRE) y gas (ENARGAS). La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. 

El Decreto 55/2023, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y de todo su Gabinete, estableció la emergencia para los "segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural".

"La declaración de emergencia en el Sector Energético Nacional y las acciones que de ella deriven, según lo indicado en el artículo 2° del presente, tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024", se indica en la Resolución.

En el artículo 2°, se instruye a la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, a "establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías".

También ordena el inicio de la revisión tarifaria y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.

En tanto, autoriza a la Secretaría de Energía a designar a los interventores del ENRE y el ENARGAS, que deberán informar sobre el cumplimiento de los procesos de renegociación dispuestos y realizar los procesos de revisión tarifaria. Hasta que culmine el proceso, se podrán aprobar adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria dispuesta en el citado artículo.

Entre los considerandos del decreto, se advierte que la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación.