El gobernador saliente de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, avanza con la distribución de obras públicas, pese a las advertencias de su sucesor, el gobernador electo, Claudio Poggi, y de una jueza.

A comienzos de octubre, el vencedor de las elecciones provinciales, en representación de Juntos por el Cambio, le había pedido a la Justicia que no le permita a Rodríguez Saá la apertura de nuevas licitaciones. En ese momento, la titular del juzgado local número 2 de Primera Circunscripción, María Eugenia Bona, hizo lugar a la acción de amparo y resolvió prohibir al gobernador nuevas concesiones o las prórrogas de las ya existentes. El objetivo es que no se afectaran partidas de los futuros presupuestos puntanos, que desde el 10 de diciembre de este año y hasta el 10 de diciembre del 2027 deberá disponer Poggi.

Desde la administración provincial se quejaron porque esa medida implicaba la “paralización” virtual de toda la obra pública e incluso iba a dejar sin trabajo a cientos de obreros de la construcción. Los propios gremios afines apoyaron esa queja y salieron a realizar piquetes y protestas en las principales rutas de San Luis.

La prohibición abarcaba no solamente al Ejecutivo, sino también a los organismos autárquicos y descentralizados, así como también a las agencias y sociedades en las que el Estado interviene.

Sin embargo, tras un par de semanas de aparente acatamiento del fallo, el gobierno abrió el 31 de octubre dos licitaciones. La número 17/2023 tuvo como participantes a las empresas Rovella Carranza SA y Serving SRL, que pugnaron por la de refuncionalización del acceso sur de la Villa de Merlo, sobre la Ruta N°1, por $ 28.650.000.000. En tanto, la firma Semisa se presentó a la licitación N°09/2023 de la nueva Ciudad Judicial por $ 41.321.324.726.

Las licitantes en cuestión fueron notificadas del fallo de Bona y asumieron el riesgo, ya que también se estableció que se destinaría un anticipo financiero de aproximadamente el 30 por ciento del total de la operatoria. Esto equivaldría a que Rodríguez Saá, a semanas de dejar el poder, pague 21 mil millones de pesos antes que se disponga el inicio de las construcciones.

“Por supuesto que con la ley, con la constitución de la mano, esas obras faraónicas las deberé anular y denunciar el vaciamiento del Estado, un saqueo del Estado provincial”, afirmó Poggi, quien de todos modos hasta el 10 de diciembre no puede tomar ninguna decisión, salvo a través de la vía judicial, para impedirlo.

Otro fallo judicial que contrarió a Rodríguez Saá, y le expuso nuevamente su ocaso en el poder tras décadas de ostentarlo, fue la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que absolvió al periodista Diego Masci, que había sido condenado por el delito de violación de intimidad.

El profesional había sido condenado por publicar en agosto de 2018 un video en el que aparecía la entonces ministra de Educación, Natalia Spinuzza, confesando estar drogada y borracha durante su viaje de luna de miel por Países Bajos.

La justicia de primera instancia y luego el propio Tribunal Superior condenaron a Masci por haber difundido en su portal el video, que la funcionaria adujo que tenía carácter privado. Durante el juicio, el propio Alberto Rodríguez Saá fue testigo de la querella, y hasta comparó a Spinuzza con Domingo Faustino Sarmiento, por su aporte a la educación pública.

El abogado defensor recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consideró que no se había tenido en cuenta que la ex ministra era una personalidad pública y que, por tanto, los argumentos utilizados para descartar la afectación a la libertad de expresión no eran suficientes para respaldar una condena penal.

En razón de ello, le pidió al tribunal puntano revisar la condena, procedimiento que derivó en la absolución del acusado.