El Gobierno nacional mantuvo una reunión con diputados de distintos bloques para avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y establecer nuevas herramientas de seguridad.

Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y legisladores del PRO, el MID y el Partido Justicialista (PJ). El oficialismo busca conseguir los apoyos necesarios para llevar la iniciativa al recinto.

El próximo martes 27 de octubre a las 16 se realizará un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para intentar obtener dictamen. Sin embargo, todavía no está garantizada su aprobación y el calendario legislativo de noviembre podría dificultar su tratamiento.

Qué propone la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas y sus espacios marítimos. Además, propone reemplazar la Ley 26.659, ampliar las restricciones a actividades como la pesca y la minería, crear un registro público de infractores e incorporar el juicio en ausencia para determinados delitos.

Las nuevas facultades de seguridad que busca incorporar el Gobierno

La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Estado. Este organismo podría disponer medidas excepcionales ante amenazas graves, como bloquear fondos, restringir operaciones financieras y comerciales o suspender autorizaciones. También contempla, bajo protocolos específicos y como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

Por otra parte, el texto busca prohibir los aportes económicos de determinadas personas y entidades extranjeras a campañas políticas, incorporar delitos vinculados con espionaje y operaciones de desinformación financiadas desde el exterior, y ampliar las funciones de la Defensa Nacional frente a amenazas externas. Además, propone incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con medidas de inmovilización de bienes.

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