Con la continuidad del debate oral, este lunes se retomará el juicio por la causa Cuadernos, en una audiencia en la que se prevé la lectura de los descargos presentados por los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra. Una vez concluida esa instancia, el tribunal avanzará hacia la etapa de valoración de la prueba incorporada durante el proceso.

Mientras se desarrolla el juicio, la Corte Suprema resolvió poner a disposición la Sala AMIA, ubicada en el edificio de Comodoro Py 2002, como espacio habilitado para la realización de "juicios orales de gran envergadura". La sala fue recientemente remodelada y forma parte de un esquema de adecuación edilicia impulsado para ampliar la capacidad operativa del Poder Judicial.

En la última audiencia, se describió el funcionamiento del presunto acuerdo entre empresarios y funcionarios destinado a sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 actuó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios del Ministerio de Planificación, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, junto a empresarios como Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

Según el Ministerio Público Fiscal, esa estructura tenía como finalidad la obtención de beneficios económicos ilegales a partir de negociaciones vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. De acuerdo con la acusación, el mecanismo consistía en la exigencia de porcentajes sobre el valor de las obras, que habitualmente oscilaban entre el 3% y el 20%, entregados como retornos a cambio de adjudicaciones y de la liberación de pagos.

Al declarar en el juicio, Carlos Wagner, quien era presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que el esquema comenzaba con reuniones entre empresarios en las que se definía qué empresa se quedaría con cada obra y el monto de la dádiva, tras lo cual esa información era trasladada a José López, quien la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para que los importes fueran incorporados en los listados mensuales de pagos.

En cuanto a las obras realizadas, la puesta en valor de la Sala AMIA estuvo a cargo de la Dirección General de Infraestructura Judicial, bajo la supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal.

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