En Mendoza se impulsa un plan piloto con la intención de disminuir las elevadas tasas de cesáreas que se registran en el sector privado, una práctica que ha superado largamente los porcentajes recomendados por organismos internacionales y que ha sido motivo de preocupación para las autoridades de salud. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, llega en un contexto donde las intervenciones quirúrgicas representan una proporción muy alta de los nacimientos, especialmente fuera del sistema público, y busca promover prácticas más alineadas con estándares de atención respetuosa y segura.

El plan pretende establecer mecanismos y protocolos que incentiven partos naturales cuando no existan indicaciones médicas que justifiquen una cesárea, promoviendo además la capacitación de profesionales y equipos de salud en técnicas de atención al parto y acompañamiento integral. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno mendocino para mejorar la calidad de los servicios sanitarios y atender aspectos que inciden directamente en la maternidad y la salud materno-infantil.

Sin embargo, la medida no estuvo exenta de cuestionamientos por parte de sectores médicos. La Asociación de Obstetras Unidos de Mendoza (OBUM) manifestó que, si bien coinciden en la necesidad de reducir intervenciones innecesarias, el debate no puede limitarse a una cifra o a cambios administrativos sin considerar las condiciones concretas del sistema y la atención a las mujeres. Este gremio reclamó ser convocado para participar de las discusiones y apuntó a que los protocolos y los factores organizativos e institucionales también juegan un papel central en la toma de decisiones clínicas.

La alta tasa de cesáreas en el sector privado mendocino, que según algunas estimaciones ronda el 80 % de los partos, supera con creces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere que solo un porcentaje moderado de nacimientos requieran intervención quirúrgica por razones médicas. Este diferencial ha motivado tanto la respuesta oficial como el pedido de diálogo de parte de los profesionales, quienes insisten en encontrar un equilibrio entre el respeto por la autonomía de las personas y la promoción de prácticas más seguras y basadas en evidencia.

Para las autoridades provinciales, el plan piloto podría servir como modelo para generar cambios en la forma en que se aborda el nacimiento en instituciones privadas, impulsando mejores prácticas, mayor acompañamiento profesional y resultados más favorables para madres y bebés. No obstante, el éxito de la propuesta dependerá en gran medida del consenso entre las partes involucradas, la implementación de protocolos claros y la articulación con los equipos sanitarios afectados, que reclaman participación activa en la construcción de las políticas que implican sus prácticas diarias.

Mientras el plan piloto avanza en discusión y diseño de su implementación, la provincia de Mendoza enfrenta un desafío que combina cuestiones sanitarias, culturales, profesionales y de derechos, reflexionando sobre cómo lograr una atención del parto que sea segura, respetuosa y sustentable para todas las personas que transitan ese proceso.

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