El proceso oral contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz se retomará la próxima semana, luego de que la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional desestimara el apartamiento del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La resolución habilita la continuidad de las declaraciones testimoniales que habían quedado suspendidas.

Durante la instancia previa, los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Quejeiro impulsaron la recusación de los jueces Goerner, Ramos Padilla y Navarro, además del fiscal general Abraldes. En su presentación, los defensores del ex líder de Viejas Locas cuestionaron testimonios, objetaron la exclusión de un informe médico sobre los riesgos del debate en la salud del imputado y denunciaron “una serie de situaciones que permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal”.

Los propios magistrados del TOC 29 bloquearon el planteo inicial al no encontrar sustento en los lineamientos del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. “Las afirmaciones de la defensa no son otra cosa que cuestionamientos vinculados con el ejercicio de las facultades que el ordenamiento procesal confiere a los jueces para el legal, ordenado y normal desarrollo del debate”, indicaron al respecto, tras aclarar que el desacuerdo con una medida “no permite fundamentar, por sí misma, una recusación”.

La disputa escaló a la Cámara de Casación, donde el juez Gustavo Bruzzone ratificó la postura de sus pares y descartó elementos concretos para apartar a los funcionarios. “La defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva”, argumentó el camarista en su dictamen.

La decisión representa un nuevo traspié legal para el artista, quien a fines de agosto sufrió el rechazo del mismo tribunal a dos solicitudes clave: la conformación de un jurado popular y la suspensión del proceso por presunta incapacidad psiquiátrica.

Frente a la inminente reactivación de las audiencias, el equipo legal del músico cuestionó la validez del último fallo “porque no hicieron la audiencia, ni produjeron la prueba”. A la espera de volver al recinto el lunes, los letrados anticiparon sus próximos movimientos: “Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”.

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