Más de 1.700.000 hectáreas de bosques se perdieron en Argentina entre 2016 y 2024, según el último monitoreo publicado en 2024 por la Secretaría de Turismo y Ambiente, una superficie equivalente a 85 veces la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien estas cifras son preocupantes, la tasa de pérdida de estos ecosistemas se redujo de manera significativa en comparación con los picos históricos registrados antes de la sanción de la Ley de Bosques en 2007. Para dimensionar la magnitud del cambio, sólo en 2007 se perdieron 728.469 hectáreas de bosques, casi la mitad de lo que se perdió en todo el período comprendido entre 2016 y 2024.

Los bosques cumplen funciones esenciales: ayudan a regular el clima, equilibran el flujo hídrico, producen oxígeno y contribuyen a la fertilidad de los suelos. “La ley es una de las principales herramientas de política ambiental del país que permitió ordenar el territorio, visibilizar y reducir la crisis de pérdida de bosques nativos y crear un sistema nacional y provincial de gestión forestal que hasta entonces prácticamente no existía”, señalan desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Además, advierten que el problema de la deforestación se mantiene por la falta de financiamiento e implementación plena de la Ley de Bosques. Desde la organización indican que, pese a los avances que introdujo la ley, aún persisten desmontes ilegales, debilidades en la fiscalización, dificultades en los procesos de actualización de los ordenamientos territoriales.

Esencialmente un desfinanciamiento sistemático del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), un instrumento que fortalece la capacidad de las provincias para ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible, permitiendo controlar la deforestación.

Según datos del Monitor Ambiental del Presupuesto de FARN, desde 2024 el presupuesto destinado al FNECBN prácticamente no se ejecuta. En 2024 no se ejecutó ni un solo peso, a pesar de que se habían asignado $10.027 millones. En 2025 la situación continuó: de los $7.673 millones vigentes, solo se ejecutaron $2.383 millones, es decir, casi un tercio del presupuesto disponible. En lo que va de 2026, de los $17.468 millones asignados hasta ahora se ejecutaron apenas $1.185 millones.

“Este año, los recursos asignados representan apenas el 0,0107% del presupuesto nacional, cuando la ley establece que debe recibir al menos el 0,3%. Es decir, 28 veces menos de lo que exige la propia norma”, señalan desde FARN.

En este contexto, Ana Parellada del área de Biodiversidad de FARN, sostiene: “Resulta particularmente preocupante que circulen propuestas de reforma que debilitan la Ley de Bosques en lugar de fortalecerla. Entre ella, una de las más graves propone eliminar la prohibición de desmontar en bosques clasificados en categoría II (amarillo). Esta categoría comprende más de 30 millones de hectáreas de bosques nativos y fue diseñada para permitir usos sostenibles, pero no desmontes. De aprobarse la modificación, estas áreas podrían quedar habilitadas para el desmonte”.

El valor de los bosques nativos

Los bosques nativos son parte de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra. Constituyen una infraestructura ecológica indispensable para la regulación hídrica, la estabilidad climática, la fertilidad de los suelos, la biodiversidad y la sostenibilidad de múltiples actividades productivas.

"Debilitar la Ley de Bosques no fortalece la producción ni el desarrollo. Al contrario, afecta la seguridad jurídica y la confianza, lo que puede cerrar mercados relevantes”, explica Parellada. Por ejemplo, recientemente la Argentina ratificó el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, el cual establece en su artículo 26.2.3 que “ninguna de las Partes deberá debilitar los niveles de protección otorgados en sus disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental o laboral con la intención de fomentar el comercio o la inversión”.

“En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, el desafío no es reducir los estándares de protección, sino garantizar la implementación plena de la ley vigente, dotándola de los recursos, las capacidades institucionales y los mecanismos de control necesarios”, agrega Parellada.

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