El 2 de diciembre de 2009 se había sancionado la ley 26.571 denominada de la “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”. Según la normativa, se establecía un sistema mixto (público y privado) donde se posibilitaba que los aportes pudieran ser realizados en efectivo.

¿En qué se traducía esto? Básicamente que en Argentina no se sabe cuánto cuestan las campañas electorales ni quién financia a los partidos. La gran mayoría de fuentes especializadas marcan que aproximadamente el 90% de las donaciones declaradas para la campaña electoral de 2015 fueron hechas en efectivo.

De esta manera, por un lado, quedaba establecido una suerte de piso al permitir el acceso de todos los partidos a los medios de comunicación. Por otro, que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, en forma de aportes no declarados.

El financiamiento de partidos y campañas ya está bancarizado. El punto clave que plantea la nueva ley tiene que ver con que el dinero pueda ser trazable, es decir, saber de dónde sale, quién lo emite y hacia qué partido. Para esto la ley establece una página web donde estos datos deberán estar disponibles.

Respecto a la publicidad, se reducen del 10 al 5 % del total del espacio disponible el aporte que los medios audiovisuales hacen en las campañas y se regula la publicidad digital por medio de las redes sociales.

De igual manera, las encuestadoras también son alcanzadas por el proyecto: deberán inscribirse en un registro e informar quién las contrata y cuánto facturan por sus trabajos. Además, se incrementa el aporte que el Estado debe hacer a los partidos políticos para la impresión de boletas y establece el control y auditoría que la Cámara electoral debe realizar sobre los informes de los partidos políticos, vinculados a sus gastos de campaña y a sus balances.

Como último punto a señalar, se establece una modificación en el destino del Fondo Partidario Permanente desde la cual aumentan el porcentaje del 30% destinado a la formación y desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro del partido.

Si hay algo en lo que coinciden todos los especialistas en financiamiento político es en que el dinero que mueven las campañas “en negro” en la Argentina es mucho mayor a lo declarado oficialmente. Sin embargo, las elecciones de 2015 revelan un fenómeno aún más llamativo: que ni siquiera cierran las cuentas “en blanco” que los partidos dicen haber gastado.

En 2016, los informes financieros de todos los partidos fueron analizados por la jueza electoral porteña María Servini de Cubría, que el año último no aprobó los balances presentados por las agrupaciones Cambiemos, Frente para la Victoria, Frente UNA y Compromiso Federal, que entre los cuatro concentraron más del 90% de los votos. Los partidos apelaron y es la Cámara Nacional Electoral la que definirá este año la validez de estos informes.

La ley hasta ahora vigente no estaba funcionando, la plata circulaba mayormente en efectivo, en tanto que las rendiciones de cuenta eran distorsivas de la realidad y las sanciones no solo eran mínimas, sino que además no se aplicaban en el momento debido.