Desde el Poder Ejecutivo pretenden reducir la cantidad de juicios que se iniciaron contra las ART por accidentes y enfermedades laborales en los últimos años. Actualmente hay más de 100 mil causas que esperan una resolución y, ante el alto nivel de litigiosidad, los costos para las empresas que contratan a las aseguradoras ha aumentado en los últimos años.

La idea del Gobierno es, de esta forma, reducir los costos de las empresas y fomentar la inversión en capacidad productiva.

Se agregarán las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, una instancia obligatoria y previa a un eventual juicio. Serán las encargadas de determinar, junto a los médicos de la ART, si una dolencia fue producto del trabajo, también el grado de discapacidad sufrida y el monto de indemnización correspondiente.

Las CMJ tendrán un plazo máximo de 60 días para emitir un fallo respecto del caso analizado. Según analizan los especialistas, será muy difícil revertir el fallo en una apelación posterior.

En caso de que el trabajador no esté conforme con la resolución de la CMJ, podrá apelar su fallo frente a la Comisión Médica Central y, de continuar su descontento, recién ahí podrá acudir a la Justicia.

Los trabajadores que inicien un reclamo a la ART deberán hacerlo en la jurisdicción que le corresponda al domicilio de su trabajo o su casa y, antes de llegar a juicio, deberán pasar al menos por otras dos instancias previas.