La ausencia de garantías en la seguridad de los docentes y la falta de inversión en la educación pública generó para finales del año pasado jornadas de fuertes protestas que en el mes de diciembre llevó a Duque a suscribir un acuerdo con 32 universidades y un aumento en el Presupuesto por 1200 millones de pesos colombianos.
Pero claro, esta promesa tampoco se estaría cumpliendo y la respuesta ha venido en forma de gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional a los estudiantes, algo que se vincula no solo con la tendencia de la clase política colombiana, sino también con la reforma tributaria y la cuadruplicación en los impuestos sobre materiales escolares y libros universitarios que Duque busca.
En adición a un sistema pensional desfasado y debilitado como Colpensiones (el organismo estatal que las gestiona), el Gobierno propuso una Ley de Financiamiento, que si bien fue derogada por la Corte Constitucional, planteó fuertes gravámenes sobre la canasta familiar.
El malestar, explicado además por la cuota lógica, responde a que durante buena parte de la campaña Duque reiteró la necesidad de bajar los impuestos. Lo cierto es que en un país con una altísima informalidad laboral, la regresión del sistema tributario sirve como el escenario ideal para la estructuración o profundización de una sociedad desigual y excluyente.
En este breve repaso asoma además el caso del departamento de Cauca como síntoma de la exclusión de una buena parte del territorio y la sociedad colombiana, así como de la incapacidad del Estado en controlar y acceder a su propio territorio.
Es allí donde solo en la última semana fueron asesinadas 12 personas, la mayoría de ellas de la comunidad Nasa, ante un Iván Duque cuya única respuesta, a contramano de las reuniones solicitadas, ha sido la de enviar militares.
Previo a una moción de censura en su contra, Guillermo Botero debió renunciar a su cargo como ministro de Defensa ¿El motivo? La muerte seguida de ocultamiento de al menos ocho menores (de entre 12 y 17 años) en lo que se presentó como una operación (cuando no) sobre disidentes de las FARC.
Esto ocurrió en el departamento de Caquetá, uno de los más pobres del país, donde al igual que en Causa, también se visibiliza la falta de compromiso para con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC, hecho que, si bien excede a esta nota, se traslada en que junto a Antioquia y Cauca, estos son algunos de los territorios donde han sido asesinados el mayor número de ex combatientes de la guerrilla, así como buena parte de los más de 500 líderes sociales que perdieron la vida en los últimos tres años.
Queda expuesto entonces, como sostiene Kristina Birke, que a medida que los tiempos cambian en Colombia, es necesario encontrar rápidamente nuevas respuestas a viejos y conocidos problemas, si el país no quiere quedar atrapado en un constante retorno al pasado.
