La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional que abarca todos los organismos que lo integran.

Bajo la órbita política e institucional del Poder Ejecutivo Nacional tiene el objetivo de asesorar al Presidente y a los funcionarios de alto rango para la toma de decisiones con el fin de formular respuestas adecuadas en relación a las amenazas o riesgos que puedan afectar la seguridad exterior e interior de la Nación.

El trabajo específico de la AFI es el de la producción de inteligencia nacional y criminal referida a delitos federales graves, amparados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que suscribe Argentina.

Todas sus actividades están determinadas y limitadas por la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) y su modificación (Ley 27.126), la cual fue el resultado de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo tras la muerte del fiscal federal de la Nación Alberto Nisman.

Con la modificación del año 2015 no sólo se disolvió la Secretaría de Inteligencia y se la reemplazó por la AFI sino que se transfirió la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, con el arribo de Alberto Fernández se anunció su intervención, cargo que actualmente desempeña Caamaño. 

Registrada bajo el número 2916/2020 y aludiendo a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático", la denuncia marca un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados.

La información fue recuperada de un "disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado", se consignó en la denuncia.

"Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal", precisa la denuncia.

Además se precisó el hallazgo de "rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros".

La actual interventora de la AFI adjuntó el listado de titulares de correos electrónicos afectados; un total de 80 personas.

Entre la multiplicidad de casos destacan el de la actual Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y el diputado Rodolfo Tailhade.

De igual manera, llamativamente dentro del núcleo que respondía al propio Macri figuran la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; el ex diputado de la Nación, Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.