La expropiación de una empresa debería hacerse a partir del accionar de un juez. Sin embargo, el caso (y en parte eje de las críticas de la medida) recuerda al recurso utilizado para Ciccone calcográfica e YPF. 

Tal como marca la Ley Nº 21.499 en su artículo 4° “pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ´utilidad pública´, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”, 

“La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública”, precisa la normativa.

Como señala Chequeado, el Congreso debe hacer una declaración de “utilidad pública” de un bien, como puede ser un campo para construir una ruta o una empresa, y allí debe fundamentar el por qué de dicha utilidad. 

Luego, el Estado puede conciliar con la empresa o ir a juicio, donde se podría discutir la valuación del bien para negociar la indemnización o, rara vez, la constitucionalidad de la ley que determinó la “utilidad pública” y la posibilidad de expropiación.

De momento, la empresa se va a intervenir, quedando en manos de YPF agro (línea de negocios de YPF), siendo Javier Delgado el encargado de conducir el proceso en cuestión. 

Vicentín, mayor productora de biodiesel en el país, es además la principal empresa nacional de molienda de oleaginosos, la sexta firma que más ventas externas de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales, reportando en el 2018/2019 un 9% de las exportaciones totales. 

En esto se observa a partir de un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario que la empresa “atravesó en el 2019 una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades”.

“Entre el cierre de dicho año y principios del 2020 busca reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva. Por tal motivo, esta empresa de exportaciones agroindustriales de capital nacional registra ventas de la nueva campaña 2019/20 muy por debajo de su operatoria normal”, precisa el estudio. 

La Casa Rosada informó que el proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 % de la deuda financiera.

El artículo 3° del proyecto marca que la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada -hasta el monto correspondiente-, con la deuda que Vicentin registre ante el Banco de la Nación y la AFIP”, al tiempo que busca desde el ministerio de Economía el contraer “en el mercado local o internacional, empréstitos y/o a emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondientes al proceso expropiatorio, si los hubiere”. 

Además explicó la Casa Rosada que la empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

En un comunicado de 5 puntos firmado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, JxC señaló que la medida "desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que terminaron costando muy caras a los argentinos, como las expropiaciones de YPF y Ciccone, y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista".

"Es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia", añade el texto, firmado por Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, presidentes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

Juntos por el Cambio calificó a la medida de "peligrosa, ilegal e inconstitucional". además de alertar que "va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos".