Desde hace ya seis días, centenares de miles de personas habían estado saliendo diariamente a las calles para protestar por la intención del gobierno de descriminalizar los delitos de abusos de poder que involucraran sumas inferiores a los 200.000 lei (US$47.500).

Casi cien empresas tecnológicas presentaron un documento en el que manifestaron su descontento por el veto migratorio que impulsó el magnate aunque fue frenado por la Justicia. Las compañías acusan al mandatario de perjudicar, mediante la normativa, a los negocios, la innovación y el crecimiento del país. "Dificulta y encarece el reclutamiento, contratación y retención de algunos de los mejores empleados de empresas estadounidenses. Frena negocios activos y amenaza contra la posibilidad de atraer talento, negocios e inversiones al país", sostuvieron.

Amnistía Internacional acusó el martes al gobierno sirio de haber ahorcado en secreto a hasta 13.000 personas a lo largo de cinco años en una cárcel cercana a Damasco, como parte de una "política de exterminio". Las personas ejecutadas entre 2011 y 2015 en la prisión de Saydnaya eran en su mayoría civiles que se oponían al Gobierno del presidente Bashar al Assad, afirmó Amnistía Internacional (AI) a dos semanas del inicio en Ginebra de las negociaciones de paz para tratar de poner fin al conflicto sirio.

El Parlamento escocés declarará su oposición a la salida británica de la Unión Europea con una votación que no afectará al proceso del Brexit pero tensará más la relación con Londres. La votación coincide con el debate en la Cámara de los Comunes de una ley para iniciar el Brexit que no se compromete a consultar a Escocia en las negociaciones. "Esta votación es algo más que simbólica", dijo la jefa del gobierno regional, Nicola Sturgeon, del Partido Nacional Escocés (SNP). "Es una prueba clave para saber si la voz de Escocia se escucha y si nuestros deseos pueden ser acomodados", recalcó la mandataria.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy y otras 13 personas serán juzgadas por presunta financiación ilegal de la campaña para las elecciones presidenciales de 2012, indicaron el martes fuentes judiciales. La justicia acusa a Sarkozy de haber superado en forma deliberada el tope de gastos de 22,5 millones de euros autorizado por la ley.