La causa conocida como “CoimaGate” sumó nuevas pruebas que revelan maniobras por más de $75 mil millones y amplían el foco de la investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó en el centro del expediente por presuntas irregularidades en la asignación de fondos y contrataciones. El caso es impulsado por el fiscal federal Franco Picardi que interviene en la investigación, quien ordenó nuevas medidas tras la incorporación de documentación clave.

En ese contexto, el nombre de Diego Spagnuolo aparece como uno de los principales involucrados. Spagnuolo, ex titular del organismo, despedido tras salir a la luz las denuncias por coimas, es investigado por su posible rol en la articulación de un esquema que habría permitido direccionar recursos públicos a través de mecanismos irregulares. Las sospechas incluyen el cobro de retornos, pagos indebidos y la utilización de intermediarios para canalizar fondos.

De acuerdo con la causa, el presunto circuito de corrupción “conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian” según Picardi, se habría estructurado mediante convenios, subsidios y contrataciones dentro de la ANDIS, con la participación de más de 20 empresarios de más de 30 firmas. Parte de las maniobras detectadas incluyen transferencias millonarias, triangulación de fondos y documentación que indicaría sobreprecios o servicios no prestados.

Las nuevas pruebas incorporadas, entre ellas registros financieros, comunicaciones y cruces de datos, permitieron reconstruir parte del flujo del dinero y ampliar la investigación hacia otros actores. La Justicia no descarta que haya más funcionarios y particulares involucrados, por lo que se esperan nuevas citaciones e imputaciones en las próximas semanas. Por el momento, son 19 los procesados, 24 nuevos imputados y 29 nuevas indagatorias.

El requerimiento debe ser resuelto ahora por el juez a cargo del juzgado federal N° 11, Ariel Lijo, que es donde está radicado el expediente. El expediente también pone el foco en el sistema de prestaciones por discapacidad, un área sensible del Estado que manejaba importantes recursos destinados a asistencia social. Las irregularidades bajo análisis generan especial preocupación por el posible impacto sobre quienes eran beneficiarios reales del sistema.

A nivel político, el caso tiene alto voltaje: podría escalar hacia otras áreas del Gobierno si se comprueba la existencia de una red más amplia. Según circunscribió la fiscalía, los actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre del 2025, es decir, durante la gestión de Javier Milei.

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