En un intento de ir por todo, el Gobierno incluyó la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad dentro del dictamen del Presupuesto 2026, un pedido expreso y casi obsesivo del presidente Javier Milei, aunque el oficialismo terminó provocando el rechazo de un capítulo completo del proyecto en la Cámara de Diputados y pone en riesgo el equilibrio fiscal.

La estrategia de La Libertad Avanza era evitar una votación puntual sobre dos normas incómodas para el Ejecutivo —ya vetadas y luego ratificadas por el Congreso— y esconderlas dentro de un paquete más amplio. Pero el cálculo falló y por esquivar un solo artículo, el Gobierno terminó sacrificando todo el capítulo XI del Presupuesto, uno de los más sensibles desde el punto de vista económico.

La Casa Rosada confió en su condición de primera minoría y en el respaldo de los gobernadores dialoguistas, pero subestimó el precio político que esos apoyos exigirían. El resultado fue una derrota inesperada que mostró los límites del poder de fuego que tienen los libertario en el Congreso.

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El capítulo rechazado incluía 12 artículos y entre el más conflictivo era sin dudas el 75 que proponía derogar las leyes de financiamiento de las universidades y de emergencia en discapacidad. Según estimaciones, la primera tiene un impacto fiscal de 0,23% del PBI (unos 2 billones de pesos este año), mientras que la segunda oscila entre 0,25% y 0,48% del producto, principalmente por la ampliación de pensiones y la compensación a prestadores.

El oficialismo apostó a que los aliados acompañarían, pero fallaron las cuentas. Diputados que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) votaron en contra, al igual que el salteño Bernardo Biella. También se desmarcaron radicales como Karina Banfi (Buenos Aires) y Diógenes González (Corrientes), y sorprendió la negativa de legisladores habitualmente alineados con el Gobierno, como Gerardo Cipolini (Chaco) y Darío Schneider (Entre Ríos).

Qué más se cayó con el capítulo XI

El rechazo no solo frenó la derogación de las leyes sociales, sino que también dejó sin efecto otros puntos clave para el Ejecutivo:

* Zonas frías: el Gobierno buscaba recortar el régimen de subsidios al gas y limitarlo a la Patagonia, la Puna y Malargüe. La caída del capítulo dejó vigente la ampliación aprobada en 2021, que incluye localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

* Asignaciones familiares: se intentaba eliminar la actualización automática por inflación y pasar a un esquema de aumentos discrecionales definidos por el Ejecutivo.

* Deudas eléctricas: el artículo 70 proponía un esquema de compensación para distribuidoras como Edenor y Edesur por los ingresos no percibidos durante años de congelamiento tarifario, por una cifra estimada en más de USD 3000 millones.

* Discapacidad: el Gobierno buscaba reemplazar la ley de emergencia con acuerdos de aranceles entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud.

Además, el capítulo incluía una concesión a la Ciudad de Buenos Aires por las transferencias de coparticipación, una jugada que, según denunció el PRO, buscaba blindar el apoyo de la UCR y sus socios parlamentarios.

Tras la media sanción, en el oficialismo ya hablan de un eventual veto presidencial si el Senado aprueba el Presupuesto sin el capítulo caído.

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