La Justicia Federal dio un paso histórico al declarar que los fusilamientos de José León Suárez fueron crímenes de lesa humanidad y al atribuir al Estado argentino la responsabilidad por su planificación, ejecución y posterior encubrimiento. La resolución llegó 70 años después de los hechos, en el marco de un Juicio por la Verdad impulsado por familiares de las víctimas.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Alicia Vence, quien concluyó que el operativo desplegado durante la dictadura de la Revolución Libertadora constituyó una grave violación a los derechos humanos. En ese contexto, sostuvo: "Declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos", al tiempo que calificó los delitos como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, homicidio agravado en cinco casos y tentativa de homicidio en otros siete.

Si bien el paso del tiempo impide cualquier condena penal porque todos los acusados fallecieron, el fallo estableció la responsabilidad de las principales autoridades del gobierno de facto, entre ellas Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, además de jefes policiales y de inteligencia que participaron del operativo. La magistrada consideró que, de haber sido juzgados, les habría correspondido la pena de prisión perpetua.

La resolución también dispuso distintas medidas reparatorias. Entre ellas, ordenó la publicación del fallo en medios oficiales, la restitución del buen nombre y honor de las víctimas, su incorporación al registro de víctimas de violencia institucional y la colocación de señalizaciones y espacios de memoria en los lugares donde ocurrieron las detenciones y los fusilamientos.

Los hechos ocurrieron entre el 9 y el 10 de junio de 1956, cuando doce civiles fueron detenidos ilegalmente en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida y trasladados a los basurales de José León Suárez. Allí, cinco de ellos fueron asesinados y otros siete lograron escapar con vida. El episodio quedó inmortalizado un año más tarde en Operación Masacre, la investigación de Rodolfo Walsh que comenzó a partir del testimonio de Juan Carlos Livraga, conocido como "el fusilado que vive", uno de los sobrevivientes de la masacre y pieza clave para reconstruir lo sucedido.

Durante el alegato final, el abogado querellante Alberto Palacio afirmó que "hace 70 años se les niega la verdad reconocida por la Justicia", al remarcar el valor simbólico del fallo para los familiares de las víctimas.

Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 16 de julio. No obstante, la sentencia ya dejó establecido que los fusilamientos de José León Suárez constituyeron crímenes de lesa humanidad y reconoció la responsabilidad del Estado en su planificación, ejecución y encubrimiento, además de disponer una serie de medidas de reparación y preservación de la memoria.

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