La crisis migratoria en Ceuta continúa agravándose. Las autoridades confirmaron que ascendió a 57 la cantidad de personas fallecidas al intentar llegar por mar al enclave español ubicado en el norte de África. En lo que va del año, el número de víctimas ya alcanza las 87, en medio de una de las mayores olas de migración irregular registradas en la frontera sur de España.

Tras el ingreso masivo de migrantes, alrededor de 53.000 personas ya regresaron a Marruecos, muchas de ellas de forma voluntaria. El Gobierno español calcula que unas 50.000 personas lograron cruzar hacia Ceuta durante la crisis, aunque otras estimaciones elevan la cifra a 60.000, un flujo que desbordó la capacidad de recepción del enclave y obligó al despliegue de refuerzos policiales, militares y de la Guardia Civil.

Muchos de los migrantes que retornaron aseguraron que habían recibido información de que contarían con alojamiento al llegar a territorio español, pero se encontraron con centros saturados y sin posibilidades de permanecer en Ceuta. La situación aceleró el retorno hacia Marruecos y contribuyó a una rápida descompresión de la crisis en la frontera.

En ese contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Allí calificó la situación como "una violación de la integridad territorial de España" y prometió destinar todos los recursos necesarios para recuperar la normalidad. Además, anunció la instalación de un sistema de boyas en la zona de El Tarajal para impedir nuevos cruces por vía marítima.

La crisis también movilizó a la Unión Europea. La Comisión Europea expresó su disposición a reforzar el apoyo a España, incluso mediante el despliegue de la agencia Frontex si Madrid lo solicita, mientras mantiene coordinación con Marruecos para fortalecer el control fronterizo. Además, los embajadores de los países del bloque fueron convocados a una reunión extraordinaria para evaluar la evolución del conflicto.

El impacto de la situación también se trasladó al plano diplomático. Italia anunció la suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen para personas que lleguen desde España y reintrodujo controles en puertos y aeropuertos, al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior de la Unión Europea. El Gobierno español rechazó esa decisión, aseguró que la integridad del espacio Schengen está garantizada y presentó una protesta formal ante las autoridades italianas.

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