La Justicia de Estados Unidos sumó una nueva acusación contra Nicolás Maduro, a quien señaló por haber autorizado y supervisado un sistema de torturas, detenciones arbitrarias y violencia utilizado para reprimir a opositores durante su gobierno. El ex presidente venezolano ya enfrentaba cargos por una presunta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

La acusación formal sostiene que Maduro “autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para usar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión contra la oposición política”. Según la Fiscalía, buscó mantenerse en el poder “aterrorizando a presuntos opositores mediante persecución y violencia”.

El documento judicial afirma que miles de venezolanos fueron “acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que actuaban bajo las órdenes del gobierno. Entre los métodos de tortura mencionados aparecen descargas eléctricas, golpizas y asfixia. La denuncia también sostiene que amenazó con matar al hijo de un detenido “como una forma de tortura psicológica”.

A su vez, la Fiscalía estadounidense amplió la acusación contra Cilia Flores, esposa de Maduro, al incorporarla como presunta integrante de una conspiración para cometer narcoterrorismo. Ambos permanecen detenidos en Nueva York desde principios de enero, cuando fueron capturados durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas, y se declararon inocentes de los cargos.

Flores, de 69 años, tenía previsto comparecer ante el tribunal para solicitar prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud. Sus abogados sostienen que perdió 11 kilos durante su encarcelamiento, que presenta mareos, dificultad para respirar y problemas cardíacos, y que podría haber sufrido un infarto leve en julio. También afirmaron que sufrió cicatrices permanentes cuando fue “arrojada contra una pared o una cómoda” durante el operativo en el que fue capturada. Su defensa pidió además que se desestime el caso al considerar que cuenta con inmunidad por su condición de líder y primera dama de un país extranjero pero los fiscales se opusieron porque representa un “riesgo extremo de fuga y un peligro para el público”.

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