El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO) difundió la guía oficial "Hacer negocios con las Islas Malvinas" (Doing business with the Falkland Islands) con el objetivo de resguardar a las empresas que operan en el archipiélago frente a las advertencias y penalidades anunciadas por el gobierno argentino.

En el documento, la diplomacia británica aseveró que "Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción" sobre el territorio y remarcó que "la legislación argentina no se aplica dentro de las islas", ofreciendo intervención política directa ante presiones o acciones judiciales promovidas desde Buenos Aires.

La medida responde al giro estratégico impulsado por Javier Milei, quien encabeza una ofensiva legal e inició expedientes sancionatorios contra 60 firmas e individuos vinculados al proyecto petrolero offshore Sea Lion. Frente a este escenario, el texto británico ratificó que "el Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio".

En paralelo, la firma Rockhopper Exploration sostuvo que no prevé un "efecto material" en sus operaciones, mientras que el dueño de la cadena de supermercados Iceland, Lord Richard Walker, celebró la apertura de un local en Stanley señalando: "Son parte especial de la familia británica y siempre ha sido mi ambición apoyarlas, por eso llevar Iceland a Stanley es para nosotros un momento especial".

La reacción en Londres se produce mientras la Secretaría Legal y Técnica, bajo la revisión de María Ibarzabal Murphy y Santiago Caputo, ultima la redacción del proyecto de ley de "defensa de la soberanía nacional" para remitir al Congreso. La escalada contrasta con la previa postura de Milei, quien había manifestado su intención de "hacer a la Argentina potencia a punto tal que los malvinenses prefieran ser argentinos", antes de calificar la explotación hidrocarburífera en el sur como un "peligro claro e inmediato".

El rechazo de Cancillería y profundización de las sanciones

Ante esto, el Gobierno argentino expresó su rechazo y advirtió que profundizará las acciones contra quienes desarrollen actividades sin autorización nacional. De hecho, dejó en claro que la legislación vigente se aplicará "con todo su rigor". “Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, remarcó el comunicado.

Además, Cancillería informó el envío de cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países, al tiempo que confirmó que hay 60 procedimientos administrativos en curso y tres denuncias penales presentadas por la Sindicatura General de la Nación contra 10 empresas y sus directivos. Asimismo, el Poder Ejecutivo convocó formalmente a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles sus objeciones por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, apuntando de forma directa a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

La estrategia oficial busca extender la presión jurídica y diplomática más allá de las islas, alcanzando a contratistas, financistas, aseguradoras e inversores. De esta manera, al invocar la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que prohíbe modificaciones unilaterales mientras subsista la controversia, Argentina alertó que las explotaciones hidrocarburíferas generan “efectos futuros potencialmente irreversibles” y, al mismo tiempo, reiteró su predisposición a reanudar el diálogo con Londres.

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