Un grupo de más de cien estudiantes universitarios ingresó por la fuerza a la sede de la Secretaría de Educación en el Palacio Sarmiento, donde mantuvieron una permanencia en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, iniciada con una sentada previa al salto de los molinetes, ocurrió un día después de que el juez Cormick ordenara la ejecución de la norma tras los recursos presentados por la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional, fallo que el Gobierno anticipó que apelará.

Luego, el Ministerio de Capital Humano informó la evacuación del inmueble en un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal, confirmando además la presentación de una denuncia judicial.

El petitorio estudiantil abarcó incrementos en las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, partidas para comedores y residencias, y políticas integrales de salud mental. En simultáneo, según informó TN, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantuvo una reunión breve con una comitiva que se interrumpió bruscamente por una llamada del Poder Ejecutivo, mientras en el hall las manifestantes remarcaron que "nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde".

Durante la permanencia en las instalaciones, las representantes estudiantiles explicaron que "es una sentada pacífica" encabezada por manifestantes de diversas facultades con la exigencia de coordinar una agenda formal de trabajo. La acción buscó intensificar el plan de lucha de cara a la quinta Marcha Federal Universitaria pautada para el 15 de octubre, jornada de protesta que confluirá frente al Congreso con movilizaciones vinculadas a la Ley de Tierras y a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Las repercusiones del episodio alcanzaron a las autoridades universitarias, donde el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, desaprobó la irrupción calificándola de no "democrática" y manifestando su rechazo al afirmar que no apoyará "esto ni ningún acto de violencia o escrache". Sin embargo, durante diálogo con A24, cuestionó la estrategia del Poder Ejecutivo al considerar que "la apelación es una medida que tiene el Gobierno para seguir dilatando el cumplimiento de la ley", señalando la falta de acatamiento a los fallos judiciales y a las cautelares ratificadas por la Corte Suprema.

En respuesta a lo sucedido, el Ministerio de Capital Humano adelantó la presentación de acciones legales para investigar lo ocurrido, evaluar los daños materiales y deslindar responsabilidades sobre el patrimonio público. A través de un comunicado, la cartera enfatizó que "el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo", condenando las manifestaciones que apelen a la intimidación o la afectación de edificios públicos e instando a que el derecho a la protesta se ejerza estrictamente dentro de los marcos legales e institucionales.

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