Al cumplirse un año de la crisis sanitaria por la administración de fentanilo adulterado, que registró cientos de personas fallecidas y decenas de pacientes con secuelas graves, continúan las acciones judiciales y reclamos legislativos. En sus documentos oficiales, los familiares de las víctimas exigen "respuestas concretas e integrales por parte del Estado Nacional frente a una catástrofe farmacológica que no debió haber ocurrido". Para ellos, la causa demostró que "no se trató de un hecho aislado, sino de una falla estructural del sistema sanitario y regulatorio".

El expediente FLP 17371/2025, a cargo del juez Ernesto Kreplak, determinó que la contaminación bacteriana del medicamento se originó durante el proceso productivo en las instalaciones de Laboratorios Ramallo. La Justicia debió rastrear manualmente la distribución a través de remitos y facturas en 185 hospitales, constatando que aproximadamente 40.473 ampollas adulteradas fueron efectivamente administradas a pacientes.

Sobre este procedimiento excepcional, los familiares señalan que el juzgado "atravesaba un verdadero laberinto operativo e institucional para delimitar la magnitud de una crisis sanitaria en un sistema fragmentado, debilitado y sin herramientas eficaces para anticipar, contener y responder". En base a estos hallazgos, el comunicado oficial es tajante: "La tragedia del fentanilo no fue un accidente, fue un sistema que no pudo controlar lo que producía".

Antecedentes regulatorios y capacidad estatal

Los datos relevados indican que, entre 2018 y 2024, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) registró 118 reportes por desvíos de calidad sobre el grupo HLB-Ramallo.

En relación a la capacidad actual del organismo, que ha experimentado desvinculaciones, los familiares sostienen: "El dato es tan simple como contundente: sin inspectores, no hay inspecciones". A su vez, respecto a las recientes normativas nacionales (Disposiciones 2857/2025, 7998/2025 y 6223/2025) que flexibilizaron requisitos de importación y ampliaron circuitos de medicamentos, los comunicados concluyen objetivamente que "se amplían los circuitos, pero no los controles".

Proyectos legislativos y la exigencia de trazabilidad

A pesar de que una Comisión Investigadora del Congreso emitió un informe con 20 recomendaciones legislativas, los familiares advierten sobre la inactividad parlamentaria: "El Congreso ya tiene el diagnóstico y aún no actúa". Además, agregan que "existe hoy una brecha evidente entre el diagnóstico y la acción".

Para impulsar reformas preventivas, presentaron un proyecto de ley de trazabilidad integral ("end to end") que propone la identificación unívoca de cada ampolla mediante tecnologías de serialización estandarizadas. Sobre el espíritu de esta iniciativa, los familiares argumentan que "no se trata simplemente de registrar el daño una vez ocurrido, sino de construir un sistema capaz de evitar que ese daño llegue a producirse".

Perspectivas y reclamos actuales

Mientras en la Provincia de Buenos Aires avanza un proyecto de pensión graciable reparatoria, el reclamo hacia el Estado Nacional exige respuestas de fondo. La postura oficial de las familias cierra con dos premisas institucionales: "Lo ocurrido no puede volver a repetirse. Y para que no se repita, no alcanza con medidas parciales: se requieren decisiones estructurales, control efectivo y voluntad política"; ya que "sin control no hay prevención, y sin decisión política no hay justicia".

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