La compañía petrolera británica Rockhopper ratificó que mantiene la idea de iniciar la extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028, sosteniendo que las sanciones y acciones legales dispuestas por la Argentina no modificarán el desarrollo del proyecto Sea Lion.

Durante la presentación de su informe semestral en la Bolsa de Valores de Londres, la firma aseveró contar con el “continuo y firme respaldo” del Reino Unido y de las autoridades insulares para llevar adelante la explotación en el Atlántico Sur.

En el reporte corporativo, el director ejecutivo de la petrolera, Samuel Moody, reconfirmó que “la primera producción de petróleo” se concretará a inicios de 2028 y remarcó que una reciente ampliación de capital otorgó financiamiento completo a la firma hasta el comienzo de la etapa productiva. Aunque reconocieron que los reclamos promovidos por el Estado argentino derivaron en “un período de mayor atención mediática y política”, desde la empresa descartaron variaciones en el esquema.

En tanto, voceros británicos e insulares calificaron las presentaciones de la Casa Rosada como “ilegítimas y carentes de justificación jurídica”, imputación desestimada por la postura soberana argentina, mientras que la firma israelí Navitas Petroleum, operadora con el 65% de la iniciativa frente al 35% de Rockhopper, descartó “un efecto significativo” en el calendario de obras.

El plan de trabajo del yacimiento Sea Lion prevé una fase inicial de 11 pozos aprobada y financiada a finales de 2025, cuya etapa de perforación dará inicio a comienzos de 2027. Dicha instancia procesará el recurso a través de la plataforma flotante Aoka Mizu con un volumen proyectado de hasta 55.000 barriles por día, mientras que para desarrollos posteriores se contempla la perforación de otros 38 pozos y la suma del buque OSX-1, adquirido por unos 125 millones de dólares para llevar la capacidad de procesamiento hasta los 125.000 barriles diarios.

La reafirmación del cronograma empresarial se produce en medio del endurecimiento de las acciones del Gobierno argentino, que incluyó la apertura de expedientes sancionatorios, querellas penales y demandas judiciales contra las firmas involucradas. Asimismo, el presidente Javier Milei anunció la intención de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si Gran Bretaña no frena los avances en los espacios marítimos adyacentes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, territorios sobre los cuales la Argentina mantiene sus reclamos de soberanía.

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