El Gobierno argentino presentó denuncias penales e inició procedimientos de sanción contra la empresa británica THALES UK LIMITED tras detectar la realización de vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. En paralelo, cursó una intimación oficial al Reino Unido para que suspenda en un plazo de dos semanas las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera vinculadas al proyecto “Sea Lion” en la Cuenca Malvinas Norte, bajo la advertencia de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

Las operaciones aéreas irregulares fueron realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido sin el aval de las autoridades argentinas, con el fin de trasladar a una delegación de empresarios británicos que mantuvieron rondas de negocios con proveedores del sur chileno.

De acuerdo con el Ejecutivo nacional, la maniobra tenía como objetivo avanzar en el establecimiento de una ruta comercial entre el archipiélago y Chile, motivo por el cual la Oficina del Presidente ordenó impulsar las acciones judiciales correspondientes y activar gestiones diplomáticas por la violación territorial.

En relación con la disputa por los recursos hidrocarburíferos, la administración libertaria decidió activar el mecanismo de arbitraje contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Al ratificar el ultimátum a través de sus canales oficiales, el presidente Milei manifestó: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”.

La postura argentina se fundamenta en las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, rechazando la denominación de "Territorio Británico de Ultramar" y el referéndum de 2013. Ante la escalada diplomática, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, declaró al periódico The Sun on Sunday: “Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas”, mientras que el Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el reemplazo de cuatro cazas Typhoon Tranche 1 por unidades Tranche 2 para fines de noviembre de 2027.

En el ámbito judicial interno, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar ordenando a las petroleras involucradas, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, abstenerse de continuar las obras del yacimiento estimado en USD 2.000 millones en regalías. En simultáneo, la Cancillería argentina realiza gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para evaluar una eventual mediación internacional, instancia que requeriría la conformidad formal de las autoridades de Londres para llevarse a cabo.

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