El cantante Elián Valenzuela, también conocido como L-Gante, quedó formalmente imputado por presuntas amenazas con armas de fuego y violación de domicilio, tras la denuncia de una inquilina que aseguró haber sido intimidada para abandonar una vivienda ubicada en General Rodríguez.

La noticia comenzó a circular luego de que se conociera la decisión que tomo TELEFE, de desvincularlo del proyecto Masterchef Celebrity para el que había sido convocado y anunciado y que derivó en una noche donde fueron allanadas tres propiedades vinculadas al creador de la Cumbia 420.

Los procedimientos se llevaron adelante con intervención del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y efectivos de dependencias policiales locales registraron dos viviendas del country Terravista y otro domicilio particular del mismo partido bonaerense.

Durante los operativos, el cantante fue notificado formalmente de su imputación. La misma medida alcanzó a otro hombre de 26 años, identificado por sus iniciales como E. J. A. C.

Antecedentes penales y condena por amenazas

En 2023, L-Gante estuvo detenido durante algunos meses acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego.

En octubre de 2024, fue condenado a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas, aunque fue absuelto por privación ilegítima de la libertad, una figura que prevé una pena más severa.

En ese momento el Juez lo declaró culpable de amenazas coactivas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas simples y daño por tres episodios ocurridos entre diciembre de 2021 y mayo de 2023. El último comenzó tras un conflicto entre allegados al músico y un empleado municipal. La acusación sostuvo que Valenzuela amenazó al hombre y lo trasladó en su camioneta. Para el juez de la causa, no se acreditó una privación ilegítima de la libertad, pero sí que los dichos y la conducta del cantante habían sido suficientes para amedrentar al denunciante.

La sentencia obligó a Valenzuela a fijar residencia, quedar bajo el cuidado del Patronato de Liberados, informar cualquier salida del país y evitar el contacto con las víctimas y sus familias. El juez también ordenó decomisar la camioneta BMW y las réplicas de armas utilizadas en parte de los hechos.

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