La Libertad Avanza logró aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El proyecto pasó al Senado tras obtener 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. Fue otro éxito para el oficialismo en una maratónica sesión en la que también obtuvo la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votó Unión por la Patria, la izquierda, un puñado de voluntades de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

"INOCENCIA FISCAL II Adentro...!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD", celebró el presidente Javier Milei.

Los detalles del proyecto

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

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En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

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