La Cámara Federal de Casación Penal aceptó revisar el rechazo que impedía a dos presuntos damnificados actuar como querellantes en la causa por la criptomoneda $LIBRA. Con esta decisión, la Sala II hizo lugar al recurso de queja en el expediente caratulado "Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja", lo que reactivó la discusión sobre el derecho de las víctimas a participar de forma activa en el proceso penal.

El fallo se definió por mayoría con los votos de los jueces Alejandro W. Slokar y Angela E. Ledesma, frente a la disidencia de Guillermo J. Yacobucci, quien se pronunció por declarar inadmisible el planteo con costas. Slokar argumentó que los reclamos de los denunciantes pueden encuadrar dentro de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, mientras que Ledesma coincidió en la existencia de una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia en favor de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, los dos ciudadanos bielorrusos a los que el Juzgado Federal N° 8 y la Sala I de la Cámara Federal porteña les habían cerrado la puerta como querellantes.

Junto con la apertura del recurso, el tribunal dispuso recaratular formalmente el expediente como recurso de casación. Además, los magistrados ordenaron emplazar a las partes intervinientes y solicitaron a la cámara de origen el envío digital completo del legajo para avanzar con el tratamiento de la causa.

La resolución judicial también repercute sobre la situación de otros cinco inversores que habían sido apartados del caso por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido aceptados en un primer momento pero quedaron luego excluidos a raíz de una presentación de Mauricio Novelli, señalado como uno de los hombres clave en el armado y lanzamiento de la criptomoneda.

El desenlace de este debate resulta determinante para el futuro del expediente judicial. En caso de recuperar su rol como querellantes, los damnificados contarán con la facultad de apelar los sobreseimientos que beneficiaron a los once imputados de la presunta estafa, nómina en la que figuran el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el propósito de evitar el cierre definitivo de la investigación.

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