Una auditoría realizada por el Gobierno nacional en la ex Agencia Nacional de Discapacidad detectó un desfasaje de $158.717 millones en sus registros contables internos. La inconsistencia surgió tras un análisis llevado a cabo por la actual intervención del organismo sobre la administración encabezada por Diego Spagnuolo. El informe oficial reveló marcadas discrepancias entre los compromisos financieros informados por dos dependencias clave de la institución.

El trabajo de control examinó minuciosamente la gestión contable del organismo con fecha de corte al 21 de agosto de 2025. Durante la inspección, los auditores relevaron expedientes de deuda exigible, contrataciones de personal, uso de cajas chicas e inventarios de equipos electrónicos. El foco principal estuvo puesto en las liquidaciones dirigidas a droguerías y proveedores de insumos médicos vinculados a programas de asistencia sanitaria.

Las mayores divergencias contables se registraron entre la Dirección de Presupuesto y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, encargada de ejecutar el programa Incluir Salud. Esta última área presentó los montos de pasivos más elevados, argumentando posibles inconsistencias involuntarias en la carga de datos por parte de los prestadores. No obstante, la dependencia permanece bajo la lupa de la justicia federal por presuntas maniobras de fraude y sobreprecios.

Asimismo, el informe de auditoría cuestionó la utilización sistemática del mecanismo de legítimo abono para cancelar bienes y servicios ya entregados. Esta modalidad permitió realizar desembolsos millonarios a proveedores sin cumplir con los procedimientos ordinarios de licitación y contratación estatal. Entre 2024 y agosto de 2025, los prestadores de medicamentos e insumos recibieron transferencias por un total superior a los 479.000 millones de pesos.

La investigación administrativa remarcó que las deficiencias en los controles internos impidieron validar la veracidad de parte de los compromisos informados. A raíz de estos hallazgos, las autoridades avanzan en la reestructuración de los circuitos de pago para transparentar la gestión de los recursos públicos. Paralelamente, los informes auditados fueron elevados a los fueros judiciales correspondientes para determinar eventuales responsabilidades penales.

El hallazgo de estas irregularidades presupuestarias complica la situación procesal de las ex autoridades del organismo en los tribunales federales. Mientras la causa penal por presuntas comisiones e inconsistencias administrativas sigue su curso, la intervención busca regularizar los padrones de deudas reales. El Gobierno nacional ratificó que mantendrá las auditorías sobre los entes descentralizados para erradicar las fallas en las contrataciones estatales.

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