El abogado Gregorio Dalbón solicitó ante el juez federal Ariel Lijo la inmediata detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas y sobreprecios en el organismo. La presentación tuvo lugar tras la confirmación del procesamiento del ex funcionario libertario y la revelación de una auditoría gubernamental que constató severas irregularidades en los procesos de adquisición de insumos médicos.

El escrito presentado en el Juzgado Federal N° 11 se fundamentó en informes técnicos donde, según consignó Noticias Argentinas, “se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados”.

Al argumentar la gravedad de los hechos, el texto remarcó: “No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS”.

De acuerdo con la información de Infobae, el pedido del denunciante se produjo tras conocerse los resultados del relevamiento interno impulsado por el exinterventor Alejandro Vilches, los cuales calificaron las maniobras como “desvíos que resultan técnicamente indefendibles” e “inauditos”.

Entre los casos documentados se detectó el pago de 425 millones de pesos por un sistema de válvulas transcatéter que el PAMI había adquirido por 124,2 millones, además de sobreprecios que alcanzaron un 4239% en el rubro ortopédico y la facturación de más de 25.661 millones de pesos a través de nueve empresas del sector.

Para justificar la necesidad de la prisión preventiva, Dalbón advirtió sobre la existencia de un peligro concreto de entorpecimiento probatorio y de fuga. En su planteo, remarcó que el imputado cuenta con información sensible sobre la estructura administrativa y sobre los testigos del caso, lo que le permitiría destruir o alterar elementos clave como el peritaje de audios validado recientemente por la Cámara Federal. Asimismo, recordó que Spagnuolo posee prohibición para salir del país y que durante los allanamientos iniciales no fue ubicado en sus domicilios declarados, siendo localizado posteriormente por las fuerzas de seguridad en un barrio cerrado del partido de Pilar.

Si bien el denunciante impulsó la medida cautelar, es poco probable que se dé lugar al requerimiento al no estar constituido el profesional como parte querellante en el expediente. No obstante, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por integrar una asociación ilícita que manipuló el programa SIIPFIS entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 para direccionar compras de medicamentos a droguerías vinculadas, comprobándose además transferencias por 5 millones de pesos y el pago de mobiliario particular al ex funcionario por parte de la firma Indecomm SRL.

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