La situación social se agrava en Bolivia a medida que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta sus horas más difíciles desde que asumió el poder en noviembre pasado.

Desde hace semanas, la administración nacional enfrenta protestas, bloqueos y episodios de violencia que amenazan la estabilidad de un país golpeado por una severa crisis económica que data de hace un par de años.

Las protestas nacen de diferentes focos, tan distintos como, en algunos casos, opuestos entre sí: docentes que reclaman mejoras salariales, transportistas que se quejan de la mala calidad del combustible y grupos originarios que piden la derogación de la ley de reforma agraria y la renuncia del Jefe de Estado.

Todo gira en torno a un mismo problema: la crisis económica que arrastra el país y que provocó una fuerte contracción del poder adquisitivo para una sociedad que se había acostumbrado a vivir sin inflación. La situación social es tensa. Con ella, conviven también reclamos por parte de los seguidores del ex presidente Evo Morales, asediado por distintas causas judiciales desde que dejó el poder en 2019.

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En este contexto, el Gobierno intentó descomprimir la situación a través de la abrogación de la reforma agraria y la convocatoria al diálogo a distintos sectores. Pero a la vez, acusa a los sectores movilizados de estar financiados por el narcotráfico y amenaza con judicializar la protesta. También señalan a Morales como instigador de las movilizaciones.

En la región, Paz Pereira se erigió como uno de los nuevos líderes de derecha que comenzaron a ganar protagonismo desde la asunción de Javier Milei, en 2024. En ese sentido, cuenta con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que en las últimas horas denunció un "intento de desestabilización" en el país y apoyó las medidas oficiales "para "restablecer el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano".

Según los últimos reportes, al menos 15 bloqueos de rutas continúan activos, especialmente en los alrededores de La Paz y El Alto, donde en las últimas horas se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante el operativo gubernamental denominado “Corredor humanitario”, destinado a garantizar el paso de combustible y suministros básicos.

En tanto, el gobierno boliviano aseguró que mantiene contactos con sindicatos, mineros y organizaciones sociales para intentar reabrir canales de diálogo y descomprimir la situación. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, desmintió además versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas muertes durante los operativos, y afirmó que no se utilizaron armas letales.

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