La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley sobre protección social de la discapacidad. La iniciativa contó con el respaldo de 237 votos afirmativos, 9 negativos y cuatro abstenciones, resultado de negociaciones entre La Libertad Avanza, sectores de la oposición y bancadas dialoguistas. Tras la media sanción, el texto fue girado al Senado, donde se prevé su tratamiento en el corto plazo.

Durante la jornada previa a la votación, referentes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones con representantes de colectivos del sector para analizar la adhesión al dictamen de mayoría, en lugar de insistir con la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

El texto de consenso, titulado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", surgió de un acuerdo entre el oficialismo y el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. La propuesta incorpora la mayor parte de las prestaciones previstas en la ley 27.793, aunque elimina su condición de emergencia y transitoriedad para establecer una norma de orden público con vigencia indefinida.

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Entre las disposiciones ratificadas figura la compatibilidad del cobro de la pensión por discapacidad -equivalente al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD)- con el desempeño en un empleo formal o la inscripción en el régimen de monotributo, con un tope salarial fijado en dos haberes mínimos, vitales y móviles.

La norma preserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles prestacionales sujeta al índice de movilidad previsional vinculado a la inflación, y asegura la cobertura médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios de la pensión.

En materia presupuestaria, la ley determina que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán registrar caídas en términos reales con respecto al ejercicio fiscal previo. Asimismo, la normativa dispone la creación de un sistema de auditorías periódicas a través del cruce de bases de datos de la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo las garantías del debido proceso inclusivo.

Por peedido de los bloques aliados, el articulado sumó una cláusula transitoria que impone la confección de un cronograma para la cancelación de las compensaciones adeudadas a prestadores, con un plazo de hasta 30 días para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

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