La Oficina del Presidente anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería. El nuevo organismo busca unificar todas las actuaciones de la administración pública nacional referidas a los reclamos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios insulares y marítimos correspondientes.

La herramienta tiene por finalidad “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”. A partir de esta medida, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá certificar que la labor de las distintas áreas resulte “coherente, compatible y uniforme” con la postura del Estado nacional en el Atlántico Sur.

En el texto oficial, el Poder Ejecutivo argumentó que “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” exige “una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”. El documento, suscrito por el presidente Javier Milei, remarcó la necesidad de “sostener una postura firme y coherente en el tiempo”, “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional” y “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en el marco de un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.

“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, concluye el comunicado. La disposición complementa el paquete de medidas tras la última cadena nacional, que abarcó una reasignación presupuestaria de $217.959 millones, aproximadamente US$142 millones, para el Ministerio de Defensa con el objetivo de impulsar las obras de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Asimismo, la estrategia gubernamental incluye la obligación de presentar declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y del RIGI para inhibir a firmas sin aval oficial, junto con la denuncia formal ante las autoridades policiales y judiciales a Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, además de sumarios iniciados a 60 personas físicas y jurídicas por operar en la Cuenca Malvinas Norte. Este esquema concluirá con la presentación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en Diputados, norma que endurecerá sanciones y dispondrá la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

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