La Justicia federal dio un nuevo paso en la causa Hotesur-Los Sauces y convocó para el próximo 4 de septiembre a una audiencia preliminar clave antes del juicio oral. El expediente investiga a Cristina Fernández de Kirchner y a varios integrantes de su entorno por presuntos delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas. La audiencia fue fijada por el Tribunal Oral Federal 5 y tendrá como objetivo ordenar la prueba y evitar nuevas demoras en una investigación que lleva años en trámite. El proceso también involucra a empresarios vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni. Los magistrados rechazaron recientemente un pedido del fiscal Diego Velasco, quien había solicitado avanzar directamente hacia el juicio oral sin esperar la finalización de las pericias contables pendientes. Según el TOF 5, todavía faltan estudios importantes para determinar el movimiento de fondos dentro de las empresas investigadas. Entre ellos, una segunda pericia sobre Los Sauces y un informe comparativo sobre las propiedades involucradas.

En la causa también están procesados Máximo Kirchner, los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además del excontador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares. La hipótesis judicial sostiene que empresas ligadas a Báez y López realizaron pagos a las firmas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner para canalizar fondos de origen ilícito. Según la acusación, esas operaciones habrían funcionado como una estructura para blanquear dinero. El caso mantiene una fuerte relevancia política y judicial.

El expediente se encuentra estrechamente relacionado con la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados por direccionamiento de obra pública. Para la Justicia, parte de esos fondos habrían sido redirigidos a través de las firmas Hotesur y Los Sauces mediante contratos simulados y alquileres presuntamente ficticios. La fiscalía sostiene que empresas vinculadas a Báez pagaron millones de pesos por habitaciones que muchas veces no eran utilizadas. Además, se investiga si existieron retornos económicos derivados de contratos estatales. Las pericias buscarán determinar si las operaciones eran reales o una maniobra de lavado.

La audiencia preliminar servirá para revisar toda la prueba acumulada, definir la lista de testigos y avanzar en la organización del futuro juicio oral. Una vez concluida esa etapa, el tribunal podrá fijar oficialmente la fecha del debate. En paralelo, la causa sigue generando repercusiones políticas por el peso de los nombres involucrados y la conexión con otros expedientes de corrupción. Florencia Kirchner ya fue sobreseída debido a que era menor de edad durante parte de los hechos investigados. Mientras tanto, el proceso judicial avanza hacia una instancia decisiva después de años de investigación.

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