En las negociaciones de último momento para lograr mayor cantidad de apoyos, el Gobierno aceptó cambios en el proyecto y firmó un dictamen modificado en el Senado. El nuevo texto incorpora al menos 28 modificaciones respecto de la iniciativa original, producto de negociaciones con gobernadores, bloques dialoguistas, sindicatos y cámaras empresariales.

Las concesiones buscaron destrabar resistencias y asegurar los votos necesarios de las provincias para avanzar con la iniciativa, que propone una transformación profunda del sistema laboral argentino.

Menos beneficios impositivos para empresas

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación de la reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes compañías. La modificación surgió tras el rechazo de los gobernadores, que advirtieron que la medida implicaba una caída significativa en la recaudación provincial. Con este ajuste, el Gobierno buscó preservar el respaldo de los mandatarios locales para el tratamiento de la reforma.

Se mantuvo el financiamiento sindical

El dictamen también introdujo cambios clave vinculados al sistema gremial, uno de los puntos más sensibles de la negociación política.

El texto final mantiene el aporte patronal del 6% destinado a las obras sociales sindicales, descartando la reducción al 5% que se analizaba en versiones previas del proyecto.

Además, se eliminaron artículos que buscaban modificar los mecanismos de recaudación de cuotas sindicales, una demanda central de la CGT y de distintos sectores del movimiento obrero.

Se mantendrá vigente la “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por solo dos años. El tope baja al 0,5% del sueldo cuando se trate de aportes a las cámaras empresarias. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pretendía que esos aportes fuesen voluntarios para los trabajadores.

Los aportes patronales a cámaras empresarias pasarán a ser voluntarios a partir de 2028.

Ajustes en el sistema de indemnizaciones

El nuevo texto mantiene la creación de un Fondo Laboral Alternativo (FAL) al esquema tradicional de indemnización por despido, aunque con una versión más moderada.

El FAL estará financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales que hasta el momento se derivan a la ANSES. La versión original establecía un 3% para todos los empleadores, que podrían utilizarse para cubrir compensaciones ante desvinculaciones laborales. Aunque el nuevo dictamen establece un aporte del 1% del salario para grandes empresas y un 2,5% para las pymes.

Además, el Poder Ejecutivo podría ampliar el esquema un 0,5% de ser necesario para cumplir con el déficit fiscal, aunque con intervención del Congreso.

Cambios para proteger recursos provinciales

Otra de las modificaciones incorporadas responde a reclamos de las provincias. El dictamen introduce ajustes vinculados a la distribución de recursos tributarios para evitar impactos en las finanzas locales.

Este punto fue clave para sumar apoyos políticos y garantizar el avance del proyecto en el Congreso.

Se mantiene el fuero laboral nacional

El texto final también incorpora una cláusula que garantiza la continuidad de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que exista un acuerdo formal para transferir sus competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

La medida busca evitar conflictos institucionales y garantizar el funcionamiento del sistema judicial laboral.

También se elimina la posibilidad del pago de salarios por medio de billeteras virtuales, según el nuevo artículo 35 del dictamen. Continuará siendo exclusivo de las entidades bancarias, quienes ejercieron un fuerte lobby.

A su vez, reduce los derechos laborales en los casos de enfermedad o accidente (art. 44) y prevé que si no se producen por la prestación laboral, el trabajador pueda percibir el 50% de su sueldo si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador.

Se incluyen otros dos artículos (44 bis y 44 ter) para regular el aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar médico y el uso de juntas médicas ante discrepancias.

Respecto a la derogación de estatutos, el dictamen mantiene la derogación de cinco una vez transcurridos seis meses de la sanción de la ley. En este texto, se insiste con derogar el artículo 43 de estatuto del periodista profesional que hace referencia a la metodología con la que deben realizarse los despidos sin causa en los medios de comunicación.

Finalmente, también se posterga hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación del fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta/alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom.

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