La Justicia ordenó que Gendarmería Nacional realice un peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de coimas y que ya acumula cerca de 20 procesados.

La medida busca determinar si las grabaciones son auténticas o si presentan indicios de edición, alteración o generación mediante inteligencia artificial. Para ello, Spagnuolo deberá presentarse en tribunales y aportar una muestra de voz que será comparada con los audios que dieron origen al expediente.

El juzgado ya definió los puntos que deberán analizar los especialistas. El procedimiento incluirá la grabación de palabras y frases específicas por parte del exfuncionario, que luego serán cotejadas con el material difundido públicamente. Además de establecer si la voz corresponde efectivamente a Spagnuolo, la pericia deberá determinar el origen de los archivos y detectar posibles manipulaciones.

La medida fue impulsada por las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según esa hipótesis, los audios habrían sido modificados mediante inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos fuera de contexto, e incluso combinarían expresiones reales del exfuncionario con otras que no le pertenecerían.

En esa línea, la defensa de Spagnuolo, integrada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe privado que, según afirmó, detectó un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de IA.

El peritaje fue ordenado tras una resolución de la Cámara Federal y modifica el criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez subrogante Sebastián Casanello. Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba central por el riesgo de que una eventual adulteración afectara el resto de la investigación.

Los peritos deberán analizar si los archivos tienen un origen natural o sintético, identificar posibles procesos de edición, comparar parámetros acústicos y fonéticos, y determinar si existieron intervenciones mediante sistemas de síntesis digital. También deberán examinar otros audios disponibles en internet para detectar eventuales diferencias o modificaciones entre las distintas versiones.

Más allá del resultado de esa pericia, la investigación avanzó por otras vías. El fiscal federal Franco Picardi incorporó elementos de prueba independientes, entre ellos conversaciones de chat en las que se haría referencia a presuntos pagos irregulares.

La causa investiga un supuesto esquema de direccionamiento de contrataciones dentro de la ANDIS. Según la acusación, exfuncionarios, empresarios y otros involucrados habrían integrado una asociación ilícita destinada a adjudicar contratos millonarios a cambio de retornos de entre el 12% y el 20% de los montos contratados.

A ese expediente también se sumó un informe del Ministerio de Salud que advirtió presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por el organismo durante 2025. El relevamiento analizó 505 expedientes por más de $18.368 millones y detectó diferencias de precios, posibles vínculos societarios entre proveedores y maniobras que habrían simulado competencia en distintas contrataciones.

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