El Gobierno publicó el decreto 264/2026 que autoriza la realización de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, una medida que incluye el ingreso de tropas extranjeras al país sin la aprobación previa del Congreso.

La medida, que lleva la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros, vuelve a poner en discusión el uso de los DNU en áreas donde la Constitución Nacional asigna facultades específicas al Poder Legislativo. Según el artículo 75, inciso 28, es el Congreso el que debe autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio argentino.

De acuerdo con el decreto, las maniobras —denominadas “Daga Atlántica” y “PASSEX”— ya contaban con antecedentes de planificación a través de canales diplomáticos desde 2024, e incluso un Memorándum de Entendimiento firmado en 2025.

En ese contexto, uno de los principales cuestionamientos apunta al argumento de “necesidad y urgencia” utilizado por el Ejecutivo para avanzar sin tratamiento parlamentario. Desde el oficialismo sostienen que la medida responde a la falta de avances legislativos, mientras que críticos señalan que no se trata de hechos imprevistos.

Despliegue militar y costo de las maniobras

El decreto autoriza un gasto total superior a los $895 millones para financiar los ejercicios. Según lo previsto, “Daga Atlántica” implicará la llegada de unos 50 efectivos de operaciones especiales de Estados Unidos que operarán en la Base Naval Puerto Belgrano, la VII Brigada Aérea de Moreno y la Guarnición Militar Córdoba.

Además, se contempla el uso de aeronaves de gran porte como los C-17 Globemaster III y C-130 Hércules, así como equipamiento tecnológico, incluidos drones, sistemas de visión nocturna y armamento táctico.

Por su parte, el ejercicio “PASSEX” incluye el tránsito por la Zona Económica Exclusiva de unidades navales estadounidenses, entre ellas el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, con posibilidad de escalas logísticas o sobrevuelos.

La medida se da en un contexto de alineamiento internacional del Gobierno con Estados Unidos y abre un nuevo frente de debate político e institucional sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia de defensa y política exterior.

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