En la madrugada del miércoles, el Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El proyecto del oficialismo fue defendido como un acto de “justicia social”, y criticado por Juntos por el Cambio por ser “confiscatorio”. Un sondeo de la consultora Analogías indica que el 64,1% de los encuestados acuerda con la propuesta de gravar los patrimonios superiores a los $200 millones. El apoyo se entiende en momentos de expansión del gasto público, en medio de una crisis económica y sanitaria.

Pese a que este proyecto no es un impuesto, sino una contribución por única vez, el debate entre bloques políticos y en la opinión pública nos permite abordar el esquema tributario argentino con una mayor profundidad. Es muy común escuchar expresiones del estilo “en este país nos ahogan con impuestos” o “acá se castiga al que produce”. Incluso, en los últimos meses fuimos testigos de una campaña de cambio de residencia fiscal hacia Uruguay. Para determinar si el sistema impositivo “espanta inversiones”, basta con observar los números oficiales de la recaudación tributaria.

Presión tributaria

La presión impositiva (recaudación con respecto al PBI) en Argentina fue del 28,4% durante el 2019. Para comprender si se trata de un número elevado, podemos comparar con otros países. En el extremo superior de los desarrollados se encuentran Francia, con un 46,1%, y Dinamarca, con 44,9%. Sin embargo, el promedio de los países de la OCDE se ubica en 34,2%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nuclea a 37 Estados, y es conocida como el “club de los países ricos”. Como vemos, la presión tributaria argentina resulta baja en comparación con el mundo desarrollado.

En la comparativa regional, la cuestión cambia. El promedio de la recaudación impositiva en América Latina se ubica en 23,9%. Este número es inferior al de Argentina. Sin embargo, en Brasil el porcentaje es mucho más elevado: 33,1%. El caso de Uruguay es sorprendentemente similar: la presión impositiva con respecto a su PBI es de 29,2%. Superior a la Argentina. 

 

Impuestos

Para entender cómo funciona el sistema impositivo nacional es necesario indagar en la composición de la presión tributaria. Por un lado, los impuestos nacionales representan un 83% de la recaudación. Los provinciales y municipales, por su parte, el 17% restante. Al momento de adentrarnos en la participación de cada tributo en la recaudación total, resulta evidente que tenemos un régimen tributario regresivo. ¿Qué significa esto? El Estado recauda proporcionalmente más con los impuestos cobrados a las personas con menores recursos o capacidad contributiva. Quienes menos tienen más ponen.

Los más relevantes para el fisco son los tributos que gravan a los bienes y servicios. Según el Ministerio de Economía, en el 2019 representaron un 48,6% de lo recaudado. Es decir, los impuestos al consumo, quienes son generalmente transferidos en las cadenas productivas (desde las industrias hacia los consumidores, pasando por la distribución). Por este motivo decimos que son los impuestos más regresivos en el sistema tributario. Además, todos los consumidores pagan la misma alícuota, sin importar la magnitud de sus ingresos. Quienes tienen menos ingresos destinan una mayor proporción de ellos al consumo. Por ende, pagan proporcionalmente más tributos a los bienes y servicios que quienes tienen mayores recursos. En este rubro se ubica el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos (IIBB) en las provincias. 

Luego se ubican los impuestos referidos a la seguridad social, representando casi un 20% sobre la recaudación total. Esto abarca los aportes y contribuciones realizados por empleados, autónomos y empleadores a la Anses. Básicamente, lo que aportamos mes a mes para nuestra jubilación, obra social, Pami. De esta forma, vemos que cerca del 70% de lo que recauda el Estado en su conjunto (nación y provincias) proviene del trabajo y del consumo. 

El Impuesto a las Ganancias representó un 21,8% de la recaudación nacional del 2019. Si bien su nombre indica que se trata de un tributo progresivo (aportan más quienes poseen mayores ingresos), esto no es del todo cierto. Ocurre que el mínimo no imponible de este impuesto ha quedado desactualizado. Para una persona casada, cónyuge y 2 hijos se ubica en $73.102. Mientras tanto, la canasta básica de pobreza en octubre, publicada por el Indec esta semana, fue de $49.911,60 para el mismo grupo familiar. Como vemos, una división de poco más de $20.000 separa entre ser considerado pobre y tener que tributar por ganancias.

Por su parte, el Impuesto sobre los Bienes Personales explicó sólo el 0,6% de lo recaudado en 2019 por el Estado nacional. El tributo que grava la riqueza representa una parte marginal de los ingresos del fisco. La alícuota más alta de la escala es de sólo 1,25% para una valuación conjunta de los bienes superior a $18 millones. Una vez más, nos encontramos frente a un impuesto que debería gravar progresivamente a quienes más patrimonio poseen. Sin embargo, no es tan así. Bienes Personales fue creado en 1991 con un mínimo no imponible de US$100.000. Hoy, se ubica en $2 millones. De esta forma, las personas de “clase media” que tengan una propiedad (excluyendo la vivienda única) valuada en unos US$20.000 deberán pagar el impuesto. 

El Monotributo tiene problemas similares. Esta categoría surgió en el año 1998, con la finalidad de blanquear la economía de cuentapropistas y hacer un régimen simplificado a bajo costo. El tope de facturación del sistema era US$100.000. Nuevamente, un tributo que se supone progresivo termina en un camino contrario: hoy, un vendedor de bienes tiene como tope US$27.000 y un prestador de servicios US$17.000. 

Grandes Fortunas

En Argentina tenemos un sistema impositivo profundamente regresivo. En palabras del propio Alberto Fernández: "Cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta de que la mayor parte son impuestos al consumo que paga por igual el más pobre y el más rico, uno dice 'qué injusticia'. Ahora tenemos la posibilidad de revisar todo esto".

El Aporte de las Grandes Fortunas consta de una contribución por única vez de los patrimonios que superen los $200 millones. Esto generó que los verdaderamente ricos de nuestro país amenacen con una “rebelión fiscal” o con judicializar la legislación. Como vimos anteriormente, no existen muchos fundamentos reales que respalden sus denuncias. La presión tributaria nacional recae fundamentalmente sobre los trabajadores, cuentapropistas y pymes. En un estudio elaborado en 2016 (previo a las concesiones impositivas del Gobierno anterior), la CEPAL y Oxfam informaban que el 10% más rico de Argentina, que concentra más del 70% de la riqueza, tributa entre el 8-9% de su renta disponible (mientras un trabajador que paga el impuesto a las ganancias tributa el 35%). 

Si hay algo cierto dentro del relato imperante es que los tributos suelen superponerse entre sí, debido a las imposiciones nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, quienes poseen más patrimonio tienen mayores recursos para destinar a su “planificación fiscal”. La contratación de equipos de contadores y abogados especializados en eludir el pago de impuestos es moneda corriente en nuestro país. Incluso, esto lleva a la proliferación de patrimonios en la ilegalidad (en negro) o en paraísos fiscales. Por caso, mientras las consultoras privadas (Forbes, Wealth X y Capgemini) calculan un total de 114 mil personas con patrimonios superiores al millón de dólares, la AFIP sólo registra 32 mil, que declaran tener el 68,4% en el exterior.

Reforma tributaria

“Estamos pensando en una estructura tributaria que reduzca muchísimo la presión impositiva en los sectores de baja facturación, en los comercios, los profesionales independientes, las pymes”, dijo el ministro de Economía hace algunos meses. Evidentemente, Martín Guzmán es consciente de la regresividad del sistema tributario argentino desarrollado anteriormente. 

El funcionario había adelantado que enviaría una reforma tributaria al Congreso en conjunto con el Presupuesto 2021. Esto no fue así. Sin embargo, el debate sobre una nueva legislación persiste dentro del gabinete económico. La introducción de mayores niveles de progresividad al régimen tributario fortalece la capacidad de redistribución del ingreso por parte del Estado, avanzando hacia una reducción en las brechas de desigualdad de ingresos que existen en la actualidad. 

Tras diez años de casi nulo crecimiento económico y dos de crisis económica profundizada por la pandemia, estas brechas se ensanchan. En momentos de emergencia económica y sanitaria, ir hacia una reforma tributaria que recaude más de quienes tienen mayores recursos se hace más necesaria que nunca. Es evidente que la economía argentina necesita un ajuste. Esto puede hacerse incrementando los ingresos del Estado o achicando el gasto público. La segunda opción corre el riesgo de profundizar el deterioro social en un país donde el 40,9% de su población vive en la pobreza.