Desde el miércoles 2 de octubre el país está virtualmente paralizado. No hay transporte público, los taxis no operan, las Escuelas continúan cerradas y las protestas en las calles, iniciadas con movilizaciones, subieron de tono transitando entre saqueos y una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad. 

También por cadena nacional y bajo la idea de “garantizar la seguridad”, el pasado 3 de octubre Lenín Moreno comunicó a la ciudadanía la decisión de decretar el “estado de excepción” en el Ecuador. 

Esta figura legal, vigente por un período de 60 días, se traduce en que las Fuerzas Armadas puedan (y de hecho ya lo hicieron) salir a las calles para intentar contener la “situación”.

Pero a lo que fue la decisión inicial de que se levante el paro de transporte que regía sobre todo el país, emergió una gran movilización indígena que en las próximas horas 20.000 manifestantes llegarían a Quito en los próximos días para forzar a Moreno a que retire las medidas económicas tomadas. 

Pero, ¿de qué medidas estamos hablando?

A contramano de las propuestas que llevaron a Lenín Moreno a ganar unas elecciones por siempre bajo sospechas de fraude, la idea de un programa denominado “economía popular y solidaria” está haciendo bastante poco honor a su nombre. 

A tono con el vocabulario de coyuntura regional, los esfuerzos en el Ecuador pasaron de la noche a la mañana a estar centrados en lograr el equilibrio fiscal, optimizar el Estado, alcanzar el equilibrio externo y concretar la reactivación productiva. 

Este giro responde en parte a la debilidad política de Moreno, así como a la crisis económica que el Ecuador transita desde el 2013, desde la cual, los compromisos heredados por esa administración (de la que él fue Vicepresidente) dificulten el sostener políticas orientadas a la alta inversión pública y la presencia del Estado.

Y llegó el FMI. Bajo un acuerdo que otorgó al país el acceso a créditos por US$4.209 millones, el Presidente anunció una serie de acciones que atacan directamente al gasto público. Buscando liberar los 1400 millones de dólares anuales, se anunció el recorte en los subsidios al combustible. En menos de un día la nafta pasó de valer 1,85 US$  a 2,22 US$.  

Además, la estrategia económica tiene en su horizonte la idea de una reforma laboral (siguen los nombres conocidos) que permita despidos sin indemnización en los primeros tres años, la pérdida de días de vacaciones para trabajadores estatales y la sustitución por permisos de maternidad, entre otras bondades.

El mismísimo. Y vicepresidente en sus dos mandatos. Si volvemos al 2013 y nos paramos en el 17 de febrero, el presente parece un sinsentido.

La fórmula Correa - Moreno era reelecta con el 57% de los votos. El equipo está más fuerte que nunca y Ecuador se prepara para profundizar una nueva etapa que se inició en 2007 y definió en 2008 con una nueva Constitución, marcando el punto más alto de la gestión Correa.

Candidato al Premio Nobel de la Paz 2012, Moreno ingresó a la política como vice de Correa. Con el apoyo de su compañero, gana unas elecciones teñidas de sospechas para asumir la presidencia del Ecuador el 24 de mayo de 2017.

Pero a poco menos de un año de haber asumido funciones, el actual Presidente convocó a un Referéndum compuesto por siete preguntas dentro de las cuales destacaba la eliminación de la reelección indefinida introducida por Rafael Correa en el año 2015. La aprobación de esta iniciativa fue el escalón definitivo del proceso de “descorreización” del mandatario.  

Si bien además de este punto podríamos mencionar cortocircuitos por el caso Odebrecht, las críticas al nivel de endeudamiento “recibido” o el cambio de modelo nacional, el éxito en impedir un regreso de Correa a la presidencia es el punto que explica la ruptura en la relación de la ex fórmula.

La razón, o una de ellas, puede entenderse en que la fragilidad política que Moreno tuvo y tiene, busca en la insólita idea de captar al electorado anti correista, su medio para intentar asegurar la siempre necesaria y presente por estos días, gobernabilidad.