El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
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"No perdimos policías, nos sacamos de encima a delincuentes. Como dijimos el primer día: el que mancha el uniforme, se va. Y lo vamos a sostener hasta que dure nuestra gestión", aseguró el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, luego de los operativos.
Luego de 22 allanamientos realizados en diversas localidades del sur de la provincia, se detuvieron a 10 policías y cuatro civiles, que eran integrantes de una banda que extorsionaba a comerciantes del sur del conurbano y les solicitaba dinero para no secuestrarles sus mercaderías.
El funcionario sostuvo que desde que asumió el cargo, se lleva "una política de lucha contra las mafias y eso no es un slogan, es una forma de trabajar". Entre los trabajadores afectados, se encuentran puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico.
A partir de un trabajo en conjunto de la Policía Bonaerense, Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Justicia, se logró desarticular esta asociación ilícita que recaudaba dinero de forma ilegal e ilegítima en distintas localidades del conurbano.
Tras una amplia investigación, que tuvo su epicentro en la intervención de líneas telefónicas, se constató la actividad ilícita por parte de efectivos de las DDI de Lomas de Zamora y de Avellaneda-Lanús, de la Jefatura Departamental San Vicente y de la Comisaría de Presidente Perón (Guernica).
Algunos de los operativos se llevaron adelante en las localidades de Lomas de Zamora, Bosques, Isidro Casanova, San Vicente, Villa Centenario, Merlo, Olivos, Florencio Varela, San Francisco Solano, Burzaco, La Tablada, Claypole, Ringuelet, González Catán y Banfield.
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