El entredicho sucedió en cuestión de horas y vuelve a dejar en evidencia la interna entre dos dirigentes clave del oficialismo.

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Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA) es la empresa que habría elegido el Gobierno de la Argentina para reiniciar las tareas de investigación sobre las costas nacionales para dar con el paradero del submarino ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre, cuando se dirigía a la ciudad de Mar del Plata.
La compañía está a cargo del venezolano radicado en Miami, Hugo Marino, que prometió encontrar el navío en un plazo menor a 100 días desde que comience su labor. Según informaron, todavía resta una firma para que se confirme la contratación de la empresa por parte del estado.
En la decisión que quedó a manos de la comisión formada tras el incidente, los familiares de los 44 tripulantes que estaban a bordo no intercedieron pero si pidieron la participación de tres veedores para "certificar las tareas realizadas y observar que desde el Ministerio de Defensa no se entorpezcan las tareas".
La empresa estadounidense Ocean Infinity también volvería a participar en la búsqueda, pero esta vez de manera indirecta, ya que con anterioridad estuvo presente junto a las armadas de los diferentes países del mundo, en la fase de "búsqueda y rescate". Igualmente, su participación se demorará ya que están trabajando en la desaparición del avión de Malaysia Airlines.
En un comunicado, los familiares recordaron que el "condicionamiento climático perjudicaría la búsqueda o directamente no se podría busca hasta noviembre" y se mostraron disconformes con el estado: "Tal vez sea un juego político más con el hallazgo del submarino para sumar votos para las próximas elecciones".

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La decisión se produjo en medio del debate por los pedidos de interpelación impulsados por la oposición.
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Las abogadas que representan a la mayoría de los familiares pidieron cinco años de prisión efectiva e inhabilitación para los ex oficiales de la Armada por el hundimiento del submarino en 2017.
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En su novena declaración, Luque aseguró que nunca asumió funciones de médico clínico y que su intervención se limitó al área neuroquirúrgica. También afirmó que la internación domiciliaria estuvo bajo responsabilidad de otros profesionales.
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