La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 30 de agosto como el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.

"Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno", considera Naciones Unidas.

La jornada tiene particular interés en la República Argentina por su triste historia al respecto, sobre todo en la última dictadura cívico militar en la que fueron desaparecidas 30.000 personas.

Los responsables de esos aberrantes hechos en el país fueron juzgados en el histórico Juicio a las Juntas sucedido durante el año 1985 y aunque luego fueron beneficiados con las leyes Obediencia Debida y Punto Final, sumado a los indultos el Congreso las anuló en 2003.

Naciones Unidas considera desaparición forzada siempre que: 

"Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley"

En Argentina, las denuncias realizadas sobre las desapariciones forzadas entre 1976 y 1983 fueron recopiladas en el libro Nunca Más, que cuenta con 8961 denuncias.

Los desaparecidos de la última dictadura militar eran llevados a los Centros Clandestinos de Detención, algunos de los cuales hoy son íconos del terrorismo de Estado: El Pozo de Quilmes, la ex ESMA, La Perla en Córdoba, entre otros.