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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que casi el 40% de los hogares habitados por inquilinos migrantes y refugiados venezolanos fueron desalojados durante la pandemia de coronavirus, principalmente por la incapacidad de pagar los alquileres, según se desprende de una encuesta realizada en siete países y sobre 1800 personas de América Latina y el Caribe.
Se estima que en la actualidad hay cerca de 5,4 millones de venezolanos fuera de su país, incluyendo en este sentido un número creciente en situación irregular, lo que los deja particularmente desprotegidos ante los efectos económicos de la pandemia.
Uno de los derechos fundamentales de los que se ven privados es el de una vivienda, con el 39.8% de los hogares en alquiler desalojados en estos meses, un 30.5% de ellos en riesgo de volver a vivir una situación similar ante la falta de asistencia, de acuerdo al sondeo entre más de 1.800 personas en Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana.
Como resultado de esta situación, el 11% de los grupos familiares encuestados se encuentran en situación de calle: "El tema de los desalojos no implica solamente perder la vivienda, sino que se pierden también otros derechos como es el de la salud en el marco de una pandemia", precisó al respecto Julissa Mantilla, comisionada y relatora sobre los derechos de las personas migrantes de la CIDH.
"Para la CIDH no hay dudas que las causas de la migración forzada están relacionadas a las violaciones de derechos humanos, pero en los países de tránsito o destino hay otras violaciones", añadió durante la presentación del informe.
La encuesta, lograda gracias al apoyo de 21 organizaciones sociales, cinco universidades y el organismo de refugiados de la ONU (Acnur), ilustra que el ingreso a los países de destino está estrechamente asociado a contratos más precarios, e incluso, a la imposibilidad de formalizarlos, debido a la falta de documentos.
Al momento de señalar los principales motivos por los cuáles fueron desalojados o están en riegos de serlo, el 87% de los encuestados manifestó que por la incapacidad de pago de los alquileres; un 36% por no poder abonar los servicios básicos y como tercer motivo, el 17% señaló la discriminación.
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