Se estima que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/2020 de “abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago” alcanzará a aproximadamente un 20% de los usuarios de energía eléctrica y gas.

El impedimento para la interrupción del servicio se extenderá por 180 días, un plazo luego del cual la economía debería empezar a recomponerse luego del aislamiento obligatorio. El universo alcanzado por el Decreto es mayor al que recibe la Tarifa Social.

El Artículo 3 nos indica la lista de beneficiados:

Usuarios residenciales:

1. Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.
2. Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
3. Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.
4. Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
5. Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
6. Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.
7. Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.
8. Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).
9. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Usuarios no residenciales:

1.  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;
2.  Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;
3.  Instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;
4. Las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.