Entre otros de los nombres que circulan para reemplazar a Alberto Fernández, aparecen Ricardo Quintela y Axel Kicillof.
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El comunicado de renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos justifica que la “decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación”. Las diferencias al interior de la coalición oficial, en esta nota.
El optimismo por haber alcanzado una “solución posible y razonable” en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como anunció Alberto Fernández en la mañana del viernes, fue de corta duración.
Como advertimos el mismo viernes, el principio de acuerdo con el organismo internacional para repagar la deuda contraída por Mauricio Macri está muy lejos de ser una solución a la hipoteca valuada en US$44.000 millones. Con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos se hace explícito un diagnóstico crítico de la negociación y sus resultados dentro de la coalición de gobierno.
El presidente logró rápidamente el respaldo de cámaras empresariales, del establishment, la CGT y la oposición de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la falta de cohesión interna había sido adelantada el mismo viernes, cuando, ante una pregunta del periodista Jairo Straccia, Martín Guzmán evitó responder si lo acordado contaba con el aval de Cristina Fernández de Kirchner.
El comunicado del ex jefe de bloque del FdT señala que la “decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación”, advirtiendo también que esta fue “llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente”.
#Comunicado pic.twitter.com/QUI3VMLUQ7
— Máximo Kirchner - Prensa (@MaximoKirchner_) February 1, 2022
De esta forma, Máximo Kirchner deja en claro que nunca estuvo de acuerdo con la estrategia negociadora encabezada por Martín Guzmán. En estos dos años, el kirchnerismo presionó públicamente para alcanzar un acuerdo que rompa con los límites que imponen los estatutos del Fondo. Sobre la base de que el préstamo otorgado a Macri tuvo características excepcionales, su repago también debería contar con atributos similares.
En este sentido, se reclamó un nuevo programa que contemple un plazo de 20 años para cancelar la deuda, a sabiendas de que el organismo otorga un período máximo de 10 años para su devolución. También se abogó por eliminar las sobretasas que paga Argentina por haber accedido a un crédito que excede por amplísimo margen lo permitido por las reglas del FMI. Ambos objetivos no fueron alcanzados, pese a que el ministro de Economía asegura que sigue presionando por la aplicación del segundo.
Los resultados muestran que las negociaciones siempre se dieron dentro de los márgenes que impone el Fondo Monetario Internacional. La firma de un nuevo programa con metas cuantitativas y revisiones trimestrales que condicionan el desembolso de los fondos para pagar el Stand by del 2018 es una receta clásica del organismo.
El equipo negociador responde que se consiguió el acuerdo menos malo posible. La exclusión de reformas estructurales sería un gran punto a favor, además de llegar a un entendimiento “sin que haya políticas de ajuste”, según Guzmán.
Las diferencias en torno a este último punto son amplias y conocidas hacia adentro de la coalición oficial. La propia Cristina Fernández denunció políticas de ajuste durante el año pasado en su carta pública posterior a la derrota en las PASO. Las nuevas metas de reducción de déficit fiscal auguran un proceso de revisión en las cuentas del Estado para lo que se viene: el fallido proyecto de Presupuesto 2022 planeaba un déficit primario del 3,3% del PBI, mientras el nuevo acuerdo lo estipula en 2,5%.
Como siempre… sinceramente. https://t.co/HGVqROXG1G
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2021
En cierta forma, el propio Guzmán admite este escenario cuando el 5 de enero defendió frente a los Gobernadores un sendero fiscal que alcance el equilibrio en 2027, frente a un FMI más duro, que reclamaba un “ajuste del gasto real”. Finalmente, se acordó un objetivo de déficit cero en 2025, dos años antes de las pretensiones oficiales.
We agreed that a strategy to reduce energy subsidies in a progressive manner will be important.https://t.co/kTGJncduql
— Gita Gopinath (@GitaGopinath) January 30, 2022
Para cumplir la meta, entre otras cosas, se actualizarán las tarifas de servicios públicos. El gobierno ya anticipó que las cuentas de luz aumentarán un 20% y se avanzará hacia una segmentación para la quita de subsidios. Sin embargo, las declaraciones del FMI amenazan con reclamar un ajuste tarifario más rápido que el consensuado dentro del Frente de Todos.
Este ya fue un punto de conflicto entre el kirchnerismo y el ministro de Economía durante el año pasado, que tomó estado público a través del affaire Basualdo. En aquel entonces, la política tarifaria de Guzmán encontró sus límites en el ala cristinista del Gobierno. En caso de que el Fondo reclame una quita mayor de subsidios, la carta de Máximo puede ser un indicio de que la fricción vuelva a aparecer.
Las declaraciones de Leopoldo Moreau apuntan en este sentido. El Diputado afín a la vicepresidenta adelantó que su sector buscará que “se corrijan algunas situaciones que pueden provocar un grave daño a la sociedad y a la economía argentina” antes que se firmen los Memorándum de Entendimiento.
Por ejemplo, “el Fondo nos ha impuesto un brutal ajuste en materia de emisión monetaria que en el plazo de 2 años tenemos que llevar a cero”. “En paralelo nos impone también un ajuste muy fuerte en el déficit fiscal”, lo cual implica que “en dos años tenemos que bajar el gasto en 9 mil millones de dólares”, dijo el Diputado del Frente de Todos en declaraciones a Radio con Vos. También apuntó contra el objetivo de establecer tasas de interés por encima de la inflación, y que “ya el Fondo desde Washington te está diciendo que quiere que el recorte a los subsidios energéticos sea mayor al que el Gobierno está pretendiendo”.
De esta forma, el sector cristinista de la coalición oficial veta todos los acuerdos cuantitativos que Guzmán hizo explícitos durante su conferencia de prensa del viernes pasado.
Más allá de los aspectos estrictamente económicos, la firma de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional es entendida como una clausura en los hechos del proceso (nunca iniciado) de investigación y enjuiciamiento de los responsables de un préstamo que violó los estatutos del organismo, la legislación nacional, y tuvo como destino la fuga de capitales.
La amnistía se suma a otro factor político de suma importancia, que aparece en todos los acuerdos con el Fondo: las revisiones trimestrales que condicionarán el desembolso del dinero para pagar los vencimientos al cumplimiento de las metas acordadas. Este factor de desestabilización financiera (por la amenaza de atrasos en los pagos) y de pérdida de soberanía económica fue denunciado por varios referentes del kirchnerismo, que ahora parece ser avalado por la cúpula.
Frente a todos estos cuestionamientos, el sector cercano al presidente repite que se llegó al mejor acuerdo posible, dadas las circunstancias de urgencia, y que “no había alternativa”. Por este motivo, el comunicado de Máximo hace foco en el proceso de negociación, cuando ofrece “no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de ‘beneficios’”.
Con su renuncia a la presidencia del bloque, Kirchner hace un esfuerzo por salvar su capital político. Busca despegarse de un Gobierno que no logró revertir la desigualdad, que mantiene un piso de pobreza del 40% y que dio marcha atrás en sus peleas fundamentales contra los enemigos conocidos del kirchnerismo. Un acuerdo con el Fondo en los términos planteados puede terminar de quebrar la relación de este sector del oficialismo con su base electoral.
El despegue abre múltiples interrogantes que se irán cerrando con el correr de los días. ¿Hasta qué punto se presionará por las modificaciones en el acuerdo que plantea Moreau? ¿Qué posición tomarán los diputados que le responden a la hora de tratar el tema? ¿Y las personas que ocupan cargos dentro del ejecutivo? ¿Qué opina Cristina Fernández de Kirchner? Massa deberá salir a buscar los votos para aprobar el nuevo programa con el Fondo, ¿saldrán de la oposición de JxC? ¿En qué situación queda el acercamiento de Máximo al establishment a partir de su asociación con el jefe de Diputados?
Los tiempos para resolver estas cuestiones pueden verse acelerados. El anuncio del viernes se dio en un marco de tensión cambiaria que amenazaba con agravarse. Ahora, Argentina deberá transitar Febrero con exiguas reservas en el Banco Central, mientras su presidente Miguel Pesce adelantó que no habrá desembolsos del Fondo para fortalecerlas durante este mes. Las tensiones financieras suelen empujar a que los actores clarifiquen sus posiciones y definan su política.
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