La diputada de Cambiemos Aída Ayala se presentó a declaración indagatoria, acusada de lavado de dinero y asociación ilícita, delitos por los que se solicitó su desafuero.

Ante esta situación, la legisladora, cuyos crímenes se le atribuyen mientras ejercía como intendenta de Resistencia, aseguró que, de ser encontrada culpable, renunciará ella misma a su cargo.

"No voy a someter al Congreso para que decida mis fueros. Voy a pedir que la Justicia siga investigando y si, como conclusión de un proceso, se determina que soy culpable entonces yo renunciaré a mi banca", sostuvo ante la jueza federal Zunilda Niremperger.

En la audiencia, Ayala decidió no responder preguntas de la Fiscalía y pidió que se llame a  declarar a personas que participaron en el proceso licitatorio del servicio de recolección de basura a PIMP SA, en 2014, firma que estaba ligada a su entorno y que se sospecha fue contratada con sobreprecios.

Además, la dirigente de la UCR alegó no tener "miedo de ir presa" porque "todas las contrataciones se hicieron a derecho".

En tanto, en la Cámara de Diputados aguardan porque la solicitud de desafuero sea girada al recinto, tarea que le corresponde a la Presidencia a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli, la que debe dar el visto bueno antes de que el tratamiento se trate en la Cámara baja.

"Hoy me tomaron indagatoria. El fiscal (Patricio Sabadini) no estaba de acuerdo porque pide que vaya a prisión ante la suposición de que puedo destruir pruebas", confesó Ayala.

Por otro lado, la diputada advirtió que "se está utilizando a la Justicia con una maniobra política para desprestigiar, para mezclar, para que todos sean lo mismo, y no es lo mismo ser honesto que ser ladrón".

En ese sentido, se animó a señalar a una fuerza política en particular como la responsable de ello: "Creo que detrás de esto está el kirchnerismo, sin duda", argumentó en diálogo con radio La Red.

A la querella, por su parte, no le cierra la versión de Ayala: el fiscal federal Sabadini alegó que la ex jefa comunal de la capital chaqueña "hizo un relato muy abstracto de su gestión y resaltando la transparencia", al tiempo que "estando libre puede destruir prueba"

Según la diputada, existió una denuncia en 2014 por el mismo hecho que fue juzgada en el fuero provincial. "No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Hoy pedí que ese expediente se adjunte a esta causa", indicó Ayala.

Y agregó: "Se me acusa por la contratación de una empresa que en el año 2014 fue llamada a licitación con los términos que corresponde, dentro del marco de las ordenanzas vigentes".

En tanto, en un comunicado, explicó que solicitó que "se traiga todo el material vinculado a estas contrataciones que se encuentran en la Municipalidad de Resistencia, ya que si temen que se destruyan o se pierdan, no sé qué está esperando la Justicia para ir a buscarlos, es llamativo al menos".

Ayala se había presentado este lunes espontáneamente ante el juzgado federal para tomar conocimiento de la causa y los trámites procesales que la involucran, y le solicitó a la jueza brindar declaración indagatoria.

Está acusada por delitos durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, entre 2003 y 2015, expediente que mantiene detenido desde hace un mes a su ex yerno, el abogado y empresario Alejandro Fisher, además de otras personas.

Para la Fiscalía, la legisladora radical se asoció con "un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios".

En 2014, contrató a la firma PIMP SA, vinculada a su entonces yerno, por $500 millones de para que realice el servicio de recolección de residuos de la Capital provincial.

El de Ayala no es el primer caso de este tipo que debe abordar la Cámara baja: el octubre pasado el oficialismo logró una votación contundente a favor del desafuero del diputado del FPV- PJ y exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien finalmente fue detenido por la causa que investiga la presunta malversación de fondos para obras en la mina de Río Turbio.