La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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La titular del organismo, Fernanda Raverta, advirtió que "había gente que pedía datos y la CBU para estafar" a los beneficiarios.
La directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, anunció hoy que la Anses lleva presentadas 295 denuncias penales por maniobras fraudulentas vinculadas con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
"Tenemos presentadas 295 denuncias penales por cuestiones fraudulentas vinculadas con la inscripción del IFE. Había gente que pedía datos y la CBU para estafar" a los beneficiarios, advirtió Raverta.
El ente previsional tiene previsto comenzar el lunes próximo con el tercer pago de este beneficio, de 10 mil pesos, que alcanza a casi 9 millones de personas en todo el país. Casi el 62% de sus beneficiarios son trabajadores informales o desocupados.
Además, la funcionaria sostuvo que el Gobierno tiene la "firme convicción de no tener que destinar dinero para pagar a los acreedores de la deuda, sino para invertir en la seguridad social". Destacó también que "hay casi 22 millones de argentinos vinculados con la Anses. Es decir, más de la mitad de los argentinos necesitan el acompañamiento de este organismo".
"Necesitamos ahora atravesar una emergencia sanitaria desde la protección social y económica. En pandemia, este organismo despliega su mayor efectividad para acompañar a las familias argentinas. Más de 13 mil trabajadores se ocupan diariamente de garantizar el derecho de los argentinos a la seguridad social y previsional", indicó Raverta.
En declaraciones radiales por La990, la titular de la Anses resaltó además que "nuestro modelo de Gobierno es de producción y trabajo. Por eso, después de la pandemia, debemos volver al 10 de diciembre y poner a la Argentina de pie".
Por último, destacó el relanzamiento del programa de viviendas Procrear: "es una medida empática, sensible e inteligente. El sueño de la casa propia con los créditos UVA se convertía en una pesadilla".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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