Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.

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El Bloque Justicialista del Senado presentó hoy un proyecto propio sobre la acción civil conocida como extinción de dominio, que permite al Estado recuperar bienes relacionados con el delito, y apuesta a tener dictamen a fines de julio para llevarlo al recinto.
Solicitamos el pronto tratamiento de la ley de #ExtinciónDeDominio #UCR pic.twitter.com/hUMCuWym4F
— Julio Cobos (@juliocobos) 4 de julio de 2018
La iniciativa fue presentada en conferencia de prensa por los senadores encabezados por Miguel Ángel Pichetto y reemplaza a una anterior que fue aprobada por la Cámara baja en 2016 y que el Senado modificó pero no sometió a votación porque Diputados -que debería votarlo de nuevo, por los cambios hechos- no garantizó su aprobación.
"A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano", explicó Pichetto durante la conferencia.
Por su parte el senador Rodolfo Urtubey sostuvo que la figura del decomiso "nunca funcionó bien" porque los bienes se deterioraban y que "por eso surgió la idea de la extinción de dominio como una acción civil que permitiera tomar los bienes vinculados al delito, administrarlos y recuperarlos para el Estado".
El nuevo proyecto, según precisó Urtubey, establece la extinción de dominio como una acción "con autonomía dentro del proceso penal" y señala que "cuando hay certeza de delito para juzgar, el Procurador del Tesoro será legitimado para iniciar la acción".
Si la ley de extinción de dominio no prospera estaríamos demostrando nuestra falta de compromiso con la lucha contra la corrupción. Cómo recuperar la confianza externa si no podemos garantizar la seguridad jurídica más esencial.
— Daniel Sabsay (@danielsabsayok) 2 de julio de 2018
Este proyecto se diferencia del de Diputados, según Urtubey ya que el otro "invertía la carga de la prueba, porque la persona debía acreditar la legitimidad de sus bienes, cuando es el Estado el que debe probar" la vinculación entre los bienes y el delito.
También señaló que "el proyecto anterior sacaba del fuero penal la acción y el fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar la extinción, algo que no se condice con el sistema de garantías que tiene la Argentina.
Pichetto sostuvo que "en la etapa de instrucción se inhiben y se congelan los bienes" para preservarlos hasta el momento en que haya condena o absolución por parte del tribunal oral.
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.
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