"Debe ser prontamente subsanado", dijo Juan José Aranguren este martes sobre el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días, al entender que es "un desincentivo a la inversión en el sector" y "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica".

Así lo plantea un informe difundido por la Consultora Energy Conilium que preside el ex funcionario macrista, en el que se analizó el decreto que dispuso la fijación de precios en la cadena de comercialización de petróleo crudo, naftas y gas oil tras la devaluación del peso de la semana pasada.

"Es un retroceso significativo en términos de política energética", sostiene el reporte y destaca que "es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector". 

"Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores".

Además, la consultora de Aranguren evalúa que el congelamiento "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector" ya que el mismo es el único donde la Administración intervino los precios "en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva" como fue el caso de los productos de primera necesidad.

Al plantear la necesidad de revisar la medida del Gobierno, Energy Conilium sostiene que dar marcha atrás en el congelamiento permitirá "evitar que la energía sea considerada como una herramienta de política económica discrecional".

A horas de que se concrete una reunión del gobierno nacional con las empresas y las provincias petroleras, la consultora consideró que ante "el alto componente fiscal aplicado al sector, existen diversos mecanismos para realizar dicha intervención a través de la política fiscal y minimizando los impactos en la política energética".

Para ello, recordó la empresa del ex presidente de Shell, que el Ejecutivo tiene facultades otorgadas por el Congreso para disminuir la carga tributaria sobre los combustibles en hasta 10% y puede disminuir los derechos de exportación de forma de mejorar la ecuación económica del sector y mitigar los impactos de la devaluación en los precios internos.