Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Este martes se tratará el caso de un acusado de matar a un anciano durante un robo en Guaymallén, quien también es investigado por el crimen del médico Sebastián Prado.

Jonathan “Johny” Morales Nievas (32) se sentará hoy en el banquillo. Está acusado de matar de un escopetazo en la cabeza a José Federico Álvarez (70), en su finca de Colonia Molina, Guaymallén. Los ladrones se llevaron un auto y una notebook, y dejaron a la víctima tendida en un charco de sangre en el suelo.
Luego de la selección de los 16 integrantes del jurado (12 titulares y 4 suplentes) el acusado comenzará a responder por la acusación de “homicidio criminis causa”, es decir, asesinato para encubrir otro delito, en este caso, robo.
El jurado deberá decidir sobre la culpabilidad del acusado, quien arriesga la pena de prisión perpetua si es hallado culpable.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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