Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Nueva marcha de jubilados e incidentes en el Congreso
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Autoridades de Seguridad aseguran que los apresados son activistas anarquistas y que hay pruebas de que participaron en el armado de las bombas caseras

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, confirmó que fueron cinco las bombas caseras que intentaron hacer estallar ayer en el cementerio de la Recoleta. Uno de esos artefactos explotó cuando era manipulado e hirió de gravedad a una mujer cuya "vida corre peligro", según el funcionario de la ciudad.
Por esos hechos fueron detenidas 13 personas, entre las tres que participaron de los eventos de ayer y diez que fueron apresadas durante un allanamiento realizado en una vivienda tomada por militantes anarquistas.
Estas últimas fueron en un domicilio ubicado en Pavón al 2300, del barrio de San Cristóbal. Al nuevo grupo de detenidos lo componen siete hombres, tres mujeres y un menor de edad, quienes serán llevados frente al juez Julián Ercolini.
"Los tres detenidos ayer en Recoleta y en la casa de Bonadio tienen vínculos con grupos anarquistas".
"Tenemos a las personas identificadas, detenidas y se han secuestrado en los allanamientos pruebas suficientes que las vinculan con el armado de estos artefactos", indicó el secretario de Seguridad.
Esos artefactos son "caños, amoladoras y pólvoras", mientras que el lugar tenía pintadas con mandatos contra el Estado y todo tipo de autoridades.
"A nosotros nos preocupa. Estamos tras estos grupos y hemos detectado que han repartido manuales explicando cómo armar una bomba molotov con la irresponsabilidad de que caiga en manos de estas personas y terminen en estos hechos", agregó.
Sobre la posibilidad de que los ataques estén relacionados con la realización de la Cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, D'Alessandro dijo que no lo descarta pero aclaró que es parte de las investigaciones que se están realizando.

Los jubilados se movilizaban como todos los miércoles en reclamo de un incremento en sus ingresos y contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
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El hecho ocurrió en el Centro de Educación Operacional de Monte Caseros y es investigado por la Justicia federal y provincial, con intervención de Gendarmería Nacional y actuaciones administrativas internas.
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Las resoluciones incluyeron decisiones unánimes, avances probatorios y citaciones, en el marco de expedientes que analizan presuntos delitos, conductas funcionales y responsabilidades disciplinarias de jueces en actividad.
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La conducción cegetista alertó sobre el clima político y anunció medidas de seguridad tras episodios que incrementaron la preocupación sindical.
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La sesión incluyó también los proyectos de Inocencia Fiscal y Compromiso Fiscal, y evidenció un escenario parlamentario fragmentado, con rechazos anunciados y negociaciones abiertas.
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El requerimiento alcanza a los estados contables y financieros de ambas entidades y se da en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, con pedidos de documentación adicional y explicaciones sobre cifras millonarias.
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