Los jueces consideraron que el planteo de la Tabacalera Sarandí carecía de fundamentos y cerraron la causa.

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El allanamiento encabezado por el juez federal Guido Otranto será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por la violación de los derechos de los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
La negativa a permitir el acceso de las partes querellantes del caso por la desaparición de Santiago Maldonado en el megaoperativo reactivó las sospechas. De esta manera, el organismo internacional decidió convocar a la familia Maldonado y al gobierno a una audiencia que tendrá lugar en Montevideo.
La CIDH realizará el 165 período de sesiones del 23 al 27 de octubre en la capital de Uruguay, y en ese marco su presidente adelantó que se designará una audiencia para tratar el tema de la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado en referencia al Caso 564/17, tras la denuncia efectuada contra el Estado argentino.
Así, las partes peticionantes y el Gobierno concurrirían a una audiencia que, conforme al reglamento de la CIDH, tendrá por objetivo recibir exposiciones verbales y escritas de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento.
En el expediente abierto ante ese organismo por la represión que sufrió la comunidad mapuche de Cushamen en enero, que ahora tiene a la desaparición de Maldonado como caso aparte, se sumaron los testimonios que apuntan a la Gendarmería como responsable de los hechos.
Los jueces consideraron que el planteo de la Tabacalera Sarandí carecía de fundamentos y cerraron la causa.
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