Las últimas semanas del 2021 fueron agitadas. Entre la nueva ola de coronavirus, jornadas intensas en el Congreso y revelaciones de espionaje, se metió en la agenda una cuestión central para la economía argentina: su estructura impositiva. 

Sin embargo, el abordaje de los medios tradicionales sobre este punto fue superficial. Se instaló que estamos frente a una nueva ola de creación y aumentos de impuestos. Pero englobar todas las medidas en esta simplificación oculta un debate estructural.

Bienes Personales

Este miércoles, el Senado convirtió en Ley la modificación al Impuesto sobre los Bienes Personales aprobada previamente en Diputados. Pese a que Juntos por el Cambio había convocado a la sesión en la Cámara Baja para modificar el régimen del tributo, el resultado no fue el que esperaba.

Lo votado establece una actualización de las alícuotas máximas de forma creciente, que pasarán del 1,25% al 1,5% para los patrimonios superiores a los $100 millones, y del 1,25% al 1,75% para los que estén por encima de los $300 millones. De esta forma, el tributo pasa a ser más progresivo: quienes acumulan más riqueza deberán tributar una proporción mayor.

Al mismo tiempo, había un acuerdo entre todos los sectores de elevar el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones a partir de enero de 2022, y a $30 millones para titulares de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. En consecuencia, según el Ministerio de Economía, unos 135.000 contribuyentes dejarán de tributar.

Lo que convierte en una derrota para JxC a lo sancionado por ambas cámaras sería que la modificación en las alícuotas incrementa la carga impositiva. Así, se iría en contra con su principal promesa de campaña de “no aumentar ni crear impuestos”. Sin embargo, según las estimaciones del presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller, la presión tributaria sólo aumenta sobre los 16.000 patrimonios más abultados del país.

Consenso Fiscal

Esta semana, el Gobierno nacional firmó con los gobernadores el Consenso Fiscal, donde se habilita a las provincias a aumentar impuestos como Ingresos Brutos (IIBB), Sellos, Inmobiliario y Automotor. La Ciudad de Buenos Aires fue el único distrito no firmante del acuerdo.

Su Jefe de Gobierno justificó su decisión bajo el argumento de que ““asumimos el compromiso con todos los argentinos de no apoyar el aumento y la creación de nuevos impuestos al trabajo, a la producción”.

Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta aumentó las alícuotas de Ingresos Brutos en el 2021 para algunos servicios como transporte, intermediación financiera y servicios sociales y de salud. Su jurisdicción es la segunda en el ranking de mayor presión impositiva en IIBB del país. Además, CABA creó el impuesto a los resúmenes de las tarjetas de crédito con una alícuota del 1,2%.

Por lo tanto, mientras las modificaciones a Bienes Personales son consideradas progresivas por cobrar más a quienes tienen mayor riqueza, los impuestos sobre la actividad como el IVA, Ingresos Brutos o Sellos son regresivos. Al ser trasladados hacia el consumidor final de los bienes y servicios gravados, afectan a todos por igual. Pero, debido a que las personas con menores recursos suelen consumir una mayor proporción de sus ingresos que los más ricos, estos impuestos pesan con una proporcionalidad más importante sobre los más pobres.

En el marco del Consenso Fiscal, desde el Gobierno nacional se habilitó a las provincias a implementar un Impuesto a la Herencia. Hoy sólo se paga en la provincia de Buenos Aires, donde las alícuotas progresivas van desde el 1,6% hacia arriba.

El impuesto se aplicaría sobre el aumento de la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia. Al gravarse un patrimonio acumulado y con alícuotas crecientes en relación a lo transferido, se trata de un impuesto progresivo. El tributo se cobró en todo el país hasta que fue derogado por la última dictadura militar en 1976. Hoy se aplica en la mayoría de los países desarrollados del mundo, por ser un impuesto que aporta equidad y ataca una causa primaria de desigualdad social.

Desigualdad

Sin embargo, la discusión sobre estos impuestos estuvo marcada por una fuerte oposición de los sectores que verían incrementada su carga tributaria. El argumento central para oponerse a la suba de alícuotas a Bienes Personales y al Impuesto a la Herencia es que los tributos que gravan la propiedad dejaron de aplicarse en el mundo. 

La justificación es cierta, pero desactualizada. Desde los años 70, el sistema tributario internacional tendió hacia una reducción de los impuestos sobre el patrimonio, mientras se fueron incrementando los tributos más regresivos. El caso argentino grafica la tendencia: la dictadura eliminó el Impuesto a la Herencia y Cavallo cerró el ciclo llevando el IVA hasta el 21% en 1995.

Pero la dirigencia local ignora los debates que se dan en el primer mundo, que amenazan con revertir esta tendencia. Quienes se oponen a la subas de impuestos en abstracto podrían observar lo que ocurre en Estados Unidos, donde el movimiento “Tax the rich” (cobrar impuestos a los ricos) empuja al presidente Biden a llevar propuestas que aumenten la presión impositiva sobre los millonarios al Congreso estadounidense. 

Los reclamos para que los ricos paguen su justa parte (“pay their fair share”) no son exclusivos de USA ni alcanzan solamente a las personas, sino también a las empresas. Durante años, Europa se movilizó por cobrar impuestos a las multinacionales tecnológicas que están registradas en guaridas fiscales, resultando en una baja tributación en lugares donde casi no realizan actividades comerciales. Luego de años de debate, este 2021 se llegó a un acuerdo firmado por 136 países para aplicar un impuesto global del 15% sobre los beneficios de las multinacionales a partir de 2023.

Contrariamente a lo que solemos escuchar, la regresividad de los sistemas impositivos está bajo cuestionamiento en todo el mundo. Y forma parte de una respuesta a la profunda desigualdad en la que vivimos. 

El 10% más rico de la población mundial recibe el 52% del ingreso global, mientras la mitad más pobre obtiene sólo el 8,5%, según el informe sobre la desigualdad global 2022 del World Inequality Lab de Thomas Piketty. Además, la mitad de la población mundial posee el 2% del total de la riqueza, mientras el 10% más rico posee el 76% de la riqueza total. Dado que la desigualdad de riqueza es aún más pronunciada que la de ingresos, se entiende la presión por un cambio en la tendencia impositiva internacional que retome mayores gravámenes sobre los patrimonios. 

Impuestos y recaudación

En este marco, difícilmente las novedades tributarias mencionadas anteriormente modifiquen estructuralmente el esquema tributario argentino. Resta ver el alcance del eventual Impuesto a la Herencia, pero el aumento en Ingresos Brutos sostendrá la regresividad del sistema impositivo, donde los tributos sobre bienes y servicios (IVA, IIBB) explican el grueso de la recaudación.

Pese a este panorama general, la puesta en agenda de impuestos progresivos como Bienes Personales y Herencia es una oportunidad para discutir este problema estructural. Sobre todo, cuando este año descubrimos a través de los Pandora Papers que Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios finales de fortunas ocultas en guaridas fiscales.

Incrementar la presión sobre los patrimonios abultados y sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva mientras se alivia la carga sobre consumidores y pymes, al tiempo que se establecen mecanismos para evitar la evasión y elusión fiscal, podría ser un aporte importante para enfrentar la desigualdad social profundizada por la crisis económica y la pandemia.

Cuando un acuerdo con el FMI parece inevitable, este debate puede ayudar a sanear las cuentas públicas y avanzar hacia el equilibrio fiscal que reclama el organismo internacional. El camino hacia ese objetivo tiene más de una vía. Ajustar el gasto público es una opción, pero no la única. También es posible alcanzarlo mediante un incremento en los ingresos del Estado.