En la jornada de ayer, los equipos periodísticos que responden a Telefé, Todo Noticias, Crónica HD y América, entre otros medios, trasladados a la ciudad de La Paz para cubrir la crisis que transita el Estado Plurinacional de Bolivia, vieron imposibilitado el desarrollo de la cobertura en cuestión. 

En esa misma jornada y considerando la ruptura del orden institucional en el país, es que la ministra de Comunicaciones entrante, Roxana Lizarraga, sostuvo que “aquellos periodistas, o pseudoperiodistas que esten haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley”.

De hecho, la titular de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmó que “hay que resguardar la vida y la libertad”, en tanto que resaltó que “por suerte tenemos a la Gendarmería para que vayan a buscar a los periodistas dónde estaban”. 

Sobre esto fue consultada hace algunos instantes la propia funcionaria entrante al ministerio de Comunicaciones, Roxana Lizarraga, quien en diálogo para Radio Con Vos negó estas presiones.

 “Mi posición es que lo que ustedes están informando es totalmente falso. No tenemos a ningún periodista que fuera arrinconado en el hotel, persiguiéndolos. En mi país estamos en otra tarea, de pacificación, de recuperación de la democracia”, precisó. 

“El día de nosotros hoy vamos a tener una reunión con toda la prensa internacional seria. Espero que ahí esten los periodistas de los que tu me hablas”, continuó, al tiempo que definió su idea de seriedad como antónimo del medio Telesur “porque todavía responde a la dictadura de Nicolás Maduro”. 

Si bien en la Argentina el delito de sedición contemplado en el artículo 22 ha sido, en palabras de Bullrich, extirpado sobre los periodistas, en el caso de Bolivia, la legislación es más ambigua. 

No que las garantías constitucionales esten a la orden del día en la autoproclamada presidencia de Jeanine Áñez, pero por lo pronto, el delito de la sedición se encuentra contemplado en el artículo 123 del Código Penal boliviano. 

“Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”, precisa el artículo y considera la ministra.