En Brasil cerca de 22.000.000 de personas se enfermaron de Covid-19, de las cuales 605.000 han perdido la vida, ubicando al país de 212 millones de habitantes en el segundo lugar en cuanto a naciones con la mayor cantidad de decesos, después de los Estados Unidos (756.000) y seguido por la India (454.000). 

A partir de esto y cerrando un proceso que duró un total de seis meses y donde se investigó el accionar del Gobierno nacional en lo que al tratamiento de la pandemia respecta es que la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado recomendó acusar al presidente Jair Bolsonaro y a otros funcionarios de un total de ocho delitos, dentro de los cuales destacan los “crímenes contra la humanidad”. 

¿De dónde surge esta investigación? Como respuesta a que desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro y sus funcionarios más cercanos minimizaron repetidamente la gravedad del virus, calificándolo como todos ya sabemos de una "pequeña gripe".

En esta línea fue que se recomendaron tratamientos sin base científica, bloqueando medidas de los gobiernos locales para frenar la propagación de la enfermedad y haciendo campañas de desprestigio sobre las vacunas. 

Esta actitud no cambió en los algo más de dieciocho meses desde el inicio de una pandemia que significó para Brasil la muerte de más de 605.000 personas, algo que previo a este número y las innumerables denuncias contra el Ejecutivo motivó la creación de la Comisión Parlamentario del Senado. 

Este grupo presentó sobre el cierre de la semana pasada las acusaciones en un informe de casi 1200 páginas que efectivamente culpa a las políticas de Bolsonaro por la muerte de más de 300.000 brasileños, la mitad de la cifra de muertes por coronavirus del país, instando a las autoridades brasileñas a encarcelar al presidente.

En el transcurso del día de mañana el documento con las denuncias en cuestión va a ser votado y más que probablemente aprobado por la Comisión Parlamentario del Senado.

Una vez que esto ocurra, el fiscal general de Brasil tendrá 30 días para decidir si presenta denuncias penales contra Bolsonaro y los demás mencionados en el informe. 

De no hacerlo, la comisión del Senado buscará otras posibles vías legales, incluyendo el Supremo Tribunal de Brasil y la Corte Penal Internacional de La Haya.

De momento Bolsonaro no mostró ninguna reflexión al respecto de lo denunciado, planteando que desde su administración hicieron "lo correcto desde el primer momento" y que su Gobierno "no es culpable de absolutamente nada".

La acusación llega en uno de los peores momentos de popularidad de Bolsonaro, donde las encuestas para las elecciones del 2022 lo ubican detrás del expresidente Lula, en lo que decididamente será el evento que marque la agenda regional y global el año próximo.