El lunes pasado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dio a conocer que, tras un fallo del Supremo Tribunal Federal, comenzará a pedir certificado de vacunación a todos los que ingresen al país.

Si bien la determinación debe ser validada entre el miércoles y el jueves por otros nueve magistrados del máximo tribunal, Anvisa indicó que ya notificó "a sus puestos fronterizos, especialmente en los aeropuertos, sobre el cumplimiento inmediato de la decisión".

Esta medida, contraria a la voluntad del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tiene como objetivo principal frenar el avance de la variante Ómicron de COVID-19, la cual ya se está expandiendo en varias partes del mundo, y abarca a todos los viajeros internacionales, salvo a aquellos que provienen de un país donde se comprueba que no hay vacuna disponible o por razones humanitarias excepcionales.

"Constituye un riesgo inminente inequívoco, que autoriza el otorgamiento de la medida cautelar, la entrada diaria de miles de viajeros al país debido a la proximidad de las fiestas de fin de año y los eventos precarnavales", fueron las palabras expresadas por el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, que también hizo pública su preocupación respecto a "la amenaza" que corre el país por el "turismo antivacunas".

Asimismo, ante la detección de los primeros contagios de coronavirus de la cepa Ómicron, Anvisa recomendó al Gobierno brasileño solicitar el certificado de vacunación, pero Bolsonaro, quien desde un primer momento subestimó el peligro del COVID-19, descartó dicha posibilidad descartó alegando que es una "correa" para el pueblo brasileño y que atenta contra la "libertad".

El Ejecutivo optó entonces por instaurar la cuarentena obligatoria de cinco días a los viajeros sin inmunizar que lleguen a Brasil, una medida que también fue recomendada por Anvisa. Ese requisito, no obstante, entrará en vigor el 18 de diciembre.