El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó este miércoles a 19 ex miembros del Ejército, Gendarmería, Policía Bonaerense y la Armada por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 350 personas en la Megacausa Campo de Mayo. Diez de ellos recibieron prisión perpetua y otros nueve, penas de entre 4 y 22 años de prisión. Fueron encontrados culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, allanamiento ilegal, robo, abuso deshonesto, violación y homicidios.   

Resultaron condenados a prisión perpetua el comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el jefe de Inteligencia Luis del Valle Arce; de Contrainteligencia Carlos Javier Tamini; Mario Domínguez, miembro del área de Inteligencia; Luis Sadi Pepa, jefe del Área 420 (San Isidro) y Eugenio Guañabens Perelló, jefe del Área 470 (General Sarmiento), todos ellos oficiales del Ejército al momento de los hechos.

Del circuito represivo del Área 400, compuesta por centros clandestinos en Zárate, Campana y Escobar, también recibieron perpetua el jefe del área, Francisco Agostino, y el jefe de Personal, Pacifico Luis Britos. La misma pena fue para los acusados que tuvieron función directa en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “El Campito”: los interrogadores del Batallón 601, Miguel Ángel Conde y Carlos Eduardo Somoza.

Bernardo Caballero, quien integró el área de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, fue condenado a 20 años de prisión y los dos miembros de Gendarmería que integraban las guardias internas del centro clandestino, Hugo Miguel Castagno Monge, y Roberto Julio Fusco, alias Pajarito, recibieron 22 años y 11 años y 6 meses respectivamente. El exmilitar Carlos Rojas, quien estaba encargado de los perros de guerra, utilizados como parte de las torturas, fue condenado a 13 años. 

Ramón Vito Cabrera, jefe de la fuerza de tareas del Área 400, recibió una pena de 10 años y 6 meses; los oficiales de la Armada Federico Ramírez Mitchell y Alfredo Oscar Arena, quienes prestaron funciones en el Arsenal Naval de Zárate, donde funcionó un CCD, de 11 y 12 años respectivamente. Los excomisarios de la Policía Bonaerense Carlos Daniel Caimi (Villa Ballester) y Arnaldo Jorge Román (General Sarmiento), 4 y 9 años.

El Tribunal, integrado por Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, ordenó además reparar los legajos laborales y estudiantiles de las víctimas en casos en que se les hayan aplicado cesantías, suspensiones, expulsiones o despidos por haber sido víctimas del terrorismo de Estado. 

Se trata de un fallo contundente que ratifica el lugar fundamental que desempeñó el Ejército en el plan sistemático de violaciones de derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar.  

La lectura del veredicto fue durante una audiencia presencial, con gran cantidad de público dentro y fuera de la sala de la calle Pueyrredón, en San Martín, para acompañar a las víctimas y sus familiares, y estuvo presente el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

La Secretaría fue querellante y la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas dio apoyo al Tribunal y acompañó a familiares y sobrevivientes durante el debate. También hizo su aporte a la causa el ex Programa Verdad y Justicia, hoy parte de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría. Domínguez, apodado Escorpio, y Rojas, alias Galo, fueron identificados por el equipo de investigación en 2013. También Carlos Villanova, alias Gordo 1, un expolicía que dependía del Batallón 601 y que fue uno de los principales torturadores de ‘El campito’, quien murió impune antes de que el juicio finalizara. Realizó además un profundo informe sobre "El Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Zona de Defensa IV”.

El juicio es el más grande hasta el momento por crímenes en Campo de Mayo, por cantidad de víctimas y de condenados. La guarnición militar fue la sede del Comando de Institutos Militares y estuvo a cargo de la Zona de Defensa IV, que abarcó desde el norte del conurbano bonaerense hasta Zárate y Campana. 

En el predio de Campo de Mayo funcionaron al menos tres centros clandestinos de detención y la maternidad clandestina del Hospital Militar. También desde su aeródromo militar se realizaron vuelos de la muerte, la forma sistemática y planificada para eliminar los cuerpos de las personas secuestradas, como fue probado en el juicio que finalizó este lunes. Se sumaron, además, los centros clandestinos de detención que funcionarios en las comisarías que dependían de la Zona de Defensa IV y los que se instalaron en lugares de la Armada y del Ejército en el circuito represivo del Área 400, en Zárate, Campana y Escobar. 

El debate reconstruyó las trayectorias políticas de las víctimas e investigó secuestros masivos de trabajadores y delegados sindicales en Dálmine, Siderca, Mercedes Benz, Ford, Del Carlo, los astilleros de Astarsa Mestrina, Cadenasi, Tensa, ferroviarios, los ceramistas de Lozadur y Cattáneo, frigorífico Martín Fierro, Papeleros y Gráficos, Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, Sindicato Químico de Campana, estatales, empleados de la Salud de hospitales de San Miguel y San Fernando.

Entre las víctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron apropiados. Cinco de ellos pudieron ser restituidos a sus familias y recuperaron su verdadera identidad pero 10, hoy adultos, aún permanecen apropiados.