El presidente Mauricio Macri, a través de un decreto, decidió convertir el predio de Campo de Mayo, que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, en una reserva natural con el objetivo de procurar "la conservación de la diversidad biológica y el patrimonio cultural" en la zona.

El comunicado oficial indica que la reservara estará en "menos de un año" y que va a servir para "luchar contra el cambio climático".

Las revelaciones históricas judiciales confirmaron que el área perteneciente al Ejército Argentino fue el lugar donde fueron asesinadas más de 5.000 personas. Además, fue la base de donde partieron "los vuelos de la muerte" y la base de la logística de la apropiación de bebés.

En marzo de este año, cuando en la apertura de las sesiones legislativas Macri anunció el proyecto de reforma, Abuelas de Plaza de Mayo había manifestado su rechazo:

"Los familiares estamos a la espera de juicios que den cuenta de lo que le hicieron a nuestros seres queridos que pasaron por allí."

El decreto presidencial, en el artículo 5º sostiene que se “deberán garantizar la preservación de todos los sitios de memoria del terrorismo de estado" y permitir "la realización de las investigaciones judiciales pertinentes”.

Distintos organismos de derechos humanos también se manifestaron en contra de la decisión del Ejecutivo:

Abuelas de Plaza de Mayo también presentó una denuncia ante la ONU cuestionando al Gobierno por “violar el deber de consulta”  a los familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado.