Alrededor de 28 organizaciones firmaron un acuerdo que será presentando públicamente este sábado con el objetivo de impulsar la regulación del cannabis.

Los puntos esenciales del acuerdo son: la despenalización del consumo, políticas de reducción de daños a la salud y  la regulación de la producción, venta y autocultivo de la planta.

El documento final llegó a un consenso entre ONGs vinculadas con los Derechos Humanos, las Ciencias Sociales, la Seguridad, la Educación y la Salud Mental; también de Asociaciones Civiles dedicadas a difundir información sobre reducción de riesgos y daños y sobre el cannabis y sus distintos usos.

"El fracaso y la crisis humanitaria generada por la guerra a las drogas exigen explorar nuevas opciones".

El objetivo es la presentación de un proyecto de ley que contenga políticas públicas similares a las que ya aplicaron países como Uruguay y Canadá y en los que ya hoy en día se discuten en otros como España, México u Holanda.

En Argentina se sancionó la Ley de Estupefacientes (23.737) hace 30 años en la que, entre otras cosas, se penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Sin embargo, en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional este punto, por lo que se genera un "gris" legal de difícil aplicación.

Los 5 puntos del acuerdo:

1.    La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.

2.    Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis. 

3.    El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.

4.    El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.

5.    La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de lxs usuarixs de estas sustancias.

Entre las organizaciones que firmaron el acuerdo se encuentran: CELS, Intercambios, Asociación Civil Cogollos del Oeste, ARDA, Agrupación marplatense de Cannabicultores, Reset, CECCa, ILSED, Asociación Pensamiento Penal, APDH, ACVI, Causas Comunes, AUPAC, INECIP, AASM, ANDHES, AREC, Cannabicultores Necochea Quequén, Ciencia Sativa, ACCC, Cannabis Activa Olavarría.

La presentación será a las 15 hs. en la Asociación Civil Cogollos del Oeste, en Paysandú 459, barrio porteño de Caballito.