El ex legislador alega que Victoria Villarruel condujo el debate en momentos en que estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
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El ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, habría sido accionista de sociedades off shore antes de asumir su cargo. Así lo demuestra una investigación realizada por los diarios La Nación y Perfil, basadas en documentación oficial de la Securities and Exchange Commision (Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos).
Según lo sostenido por los matutinos, el funcionario habría participado entre agosto de 2009 y julio de 2015 de diferentes sociedades creadas para administrar varios millones de dólares en diferentes paraísos fiscales.
De acuerdo a lo reflejado por los archivos del organismo norteamericano, Caputo era dueño del 75% de las acciones de la firma Princess International Group, radicada en Islas Caimán.
El titular de la cartera de Finanzas omitió esta información en sus declaraciones juradas de diciembre de 2015, las cuales fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción al asumir como miembro del Gobierno nacional. El organismo lo investiga luego de que su nombre apareciera en los Paradise Papers.
Se estima que, a través de esa compañía, habría controlado entre el 50% y el 74% de las acciones de Affinis Partners II, también radicada en Caimán y propietaria, a su vez, de una gerenciadora de fondos de inversión llamada Noctua, con sede en en Delaware y Miami. Esta última firma manejaba por sí sola fondos por unos US$ 251.296.483 a junio de 2015 y sus clientes son calificados como "inversores privados de elevado patrimonio".
De acuerdo a lo publicado por los diarios mencionados, Caputo habría desempeñado un rol central en estas sociedades hasta que se desvinculó pocos meses antes de asumir en el Gobierno, pero nunca informó esta actividad ante las autoridades correspondientes.
Ante la consulta de La Nación, el funcionario negó la titularidad de esas entidades off shore: "Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager", aseguró. Por esta razón es que, argumentó, no tenía obligación de "declararlas ni ante la AFIP ni ante la OA" y afirmó que desde que entró a la función pública dejó "de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades".
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