Para hablar de esta causa es necesario volver a los 90. 1997 más precisamente, cuando la concesión del Correo, después de su privatización, quedó en manos de un grupo integrado en un 67% por Socma (Sociedades Macri), firma perteneciente al actual mandatario y que al año 2001 alcanzó una deuda de $296 millones con el Estado Nacional.

El gobierno de Macri había alcanzado un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda, pero la fiscalía de la Cámara Comercial pidió rechazar esta disposición por considerarla "abusiva y perjudicial" para el Estado, ya que implicaba una quita del 98,2% de la deuda al no considerar los intereses de la misma.

Posteriormente, a través del decreto 907, el gobierno nacional cerró la posibilidad de investigar administrativamente la deuda del Correo Argentino. Recordemos que por estar implicado el propio Presidente en la causa, el decreto en cuestión llevaba la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

¿Qué pasó ahora?

En el día de ayer la Cámara de Apelaciones en lo Comercial consideró "de gravedad institucional" el caso del concurso de Correo Argentino SA. Se entiende que han habido reiteradas maniobras de ocultamiento de información de la empresa de parte de los representantes legales de Correo Argentino.

Es por esto que la jueza Marta Cirulli concretó la designación de una suerte de interventor judicial, medida solicitada hace dos años por la fiscal Gabriela Boquín. 

Al mismo tiempo, otro tribunal le trasladó a la Corte Suprema la decisión de prorrogar o no los plazos procesales para que el Estado Argentino disponga de más tiempo para determinar si la quita de más del 98% de la deuda de 70 mil millones de pesos termina teniendo lugar.