El operativo incluye el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a las oficinas centrales de la organización sindical, ubicada en el barrio de Constitución.

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La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable fue condenada por haber utilizado fondos estatales para gastos personales.

La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2006-2008), Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública, al haber pagado gastos familiares y personales con fondos públicos. Además, fue inhabilitada de por vida para volver a ejercer cargos públicos. Deberá devolver al Estado, al Ministerio de Ambiente, específicamente, casi 7 millones de pesos.
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces del Tribunal Oral Federal 6, Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, quienes además le mantuvieron la obligatoriedad de presentarse en el consulado argentino en Miami -ya que está radicada en los Estados Unidos- una vez por mes entre los días 1 y 5.
Los fondos públicos habrían sido destinados a pagar pasajes de avión para amigos y familiares de la ex funcionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.
El fiscal federal Diego Luciani había pedido tres años y nueve meses de condena para Picolotti -además de la devolución de siete millones de pesos al Estado Nacional-, mientras que el abogado de la ex funcionaria reclamaba su absolución.
Antes de conocerse la sentencia, Picolotti había dicho: “Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente: que yo no cometí delito alguno".
En el marco de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, el representante del Ministerio Público detalló el destino que habrían tenido esos fondos: pasajes de avión para amigos y familiares de la ex funcionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.

El operativo incluye el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a las oficinas centrales de la organización sindical, ubicada en el barrio de Constitución.
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