
Crímenes de lesa humanidad: preocupación por el aumento de prisiones domiciliarias
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó un informe sobre las condiciones de detención de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad.

Crímenes de lesa humanidad: preocupación por el aumento de prisiones domiciliarias
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación relevó la infraestructura y los cuidados con que cuentan los presos por delitos del terrorismo de Estado en las unidades penales 34 de Campo de Mayo y 31 de Ezeiza. Según el informe llevado a cabo por este organismo se comprobó que las unidades "tienen condiciones adecuadas para alojar allí a personas de edad avanzada, incluso con problemas de salud".
El informe fue llevado a cabo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por el "preocupante aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad".
Se realizó sobre la Unidad 31 del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y a la Unidad 34 del Instituto Penal Federal Campo de Mayo, porque es allí donde se concentra la mayor cantidad de detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Las principales conclusiones de este informe detallan que las unidades cuentan con médicos y una ambulancia exclusiva disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a su vez, cuentan con consultorio odontológico, acompañamiento terapéutico y atención clínica. Asimismo, todos se encuentran vacunados con tres dosis contra el Covid-19.
De esta manera, el programa en salud que se desarrolla dentro de las unidades penales 34 de Campo de Mayo y 31 de Ezeiza está pensado para personas de la tercera edad y "se cumplen con las condiciones de habitabilidad. Sus dimensiones, distribuciones y materialidades son adecuadas y las condiciones de mantenimiento y limpieza son notables", concluye el informe.
El informe fue enviado a juzgados federales y fiscalías para que sea tenido en cuenta al momento de decidir sobre pedidos de prisión domiciliaria o libertad condicional, ya que este tipo de crímenes representan graves violaciones a los derechos humanos, por ello las "penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad", detalla la secretaría.
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